Un megaoperativo realizado en la localidad de Arroyo Leyes, Santa Fe, permitió el rescate de 42 trabajadores rurales que eran sometidos a condiciones de explotación laboral en un campo de frutillas. La mayoría de las víctimas, provenientes de la provincia de Chaco, habían sido atraídas con promesas de un salario digno y alojamiento adecuado, pero al llegar se encontraron con una realidad muy diferente: recibían una paga de apenas 600 pesos por cajón cosechado, dormían en camas improvisadas sobre cajones de madera y trabajaban jornadas extenuantes sin descanso.

La investigación se inició tras la denuncia de tres trabajadores que, tras un conflicto económico con los empleadores, lograron regresar a Chaco y alertaron a las autoridades. El fiscal federal Walter Rodríguez, a cargo del caso, explicó que si bien los trabajadores no estaban retenidos por la fuerza, su libertad estaba restringida por la falta de recursos y el agotamiento físico. "Por las extensas jornadas laborales, solamente por el cansancio y por no tener medios económicos, estaban impedidos de poder salir del lugar de facto", señaló Rodríguez en declaraciones a la radio LT10.

Durante el operativo, que contó con la colaboración de la Policía de Investigaciones, la Agencia de Trata de Personas, UATRE, RENATRE y la Coordinación de Rescate Nacional, se incautaron armas de fuego, más de 10 millones de pesos, 4.205 dólares, celulares, computadoras y documentación contable. Dos personas, de 25 y 64 años, fueron detenidas como presuntos responsables de la red de explotación.

El secretario de Derechos Humanos de Santa Fe, Emilio Jatón, subrayó la compleja situación de las víctimas, muchas de las cuales prefirieron quedarse en el lugar ante la falta de alternativas económicas. "Su estado de vulnerabilidad es tan grande que es mejor estar allí que en sus propias casas", afirmó Jatón, quien también cuestionó la falta de asistencia nacional en estos casos.

El caso de Arroyo Leyes se suma a otros episodios recientes de explotación laboral en la provincia, evidenciando la persistencia de estas prácticas en el sector rural y la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención, control y asistencia a las víctimas. Las autoridades continúan investigando la posible existencia de una red más amplia de trata laboral en la región.