La reciente decisión de Mercado Libre y Mercado Pago de aplicar comisiones diferenciadas por provincia, en función del impuesto a los Ingresos Brutos, generó un fuerte cruce con el gobierno de Santa Fe. La medida, que entrará en vigencia el 8 de julio, implica que los usuarios de provincias con menor carga impositiva, como Corrientes, Río Negro, Santa Cruz, Formosa y Santiago del Estero, pagarán menos comisiones, mientras que en Córdoba, Santa Fe y Jujuy los costos aumentarán.

El ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, criticó duramente a la empresa, acusándola de buscar excusas para discriminar precios y de facilitar indirectamente transacciones ilícitas a través de dispositivos de Mercado Pago. "Las fotos de los allanamientos en la provincia muestran una escena cada vez más frecuente: armas, droga y dispositivos de Mercado Pago", denunció Olivares, quien además negó que la provincia haya incrementado recientemente la carga tributaria sobre plataformas digitales.

Por su parte, Mercado Libre rechazó enfáticamente cualquier vínculo con actividades delictivas y defendió la transparencia de su nueva política. "Difamar no baja Ingresos Brutos", respondió la empresa en un comunicado, donde explicó que la medida busca reflejar el impacto real de los tributos provinciales en los costos de los usuarios. La compañía aseguró que colabora activamente con las autoridades y que implementa monitoreos y capacitaciones para prevenir delitos.

El gobernador Maximiliano Pullaro respaldó la suba del impuesto a los Ingresos Brutos en Santa Fe, argumentando que las fintech y billeteras virtuales deben tributar igual que los bancos. "No hay privilegios para la especulación financiera. Quien gana dinero prestando plata, paga como corresponde", afirmó Pullaro, quien defendió la política de destinar los recursos recaudados al sector productivo y a programas de asistencia.

El debate expone la tensión entre la presión fiscal provincial y la competitividad del comercio digital, en un contexto de recortes de transferencias nacionales y búsqueda de recursos por parte de las provincias. La decisión de Mercado Libre reaviva la discusión sobre la armonización tributaria y el impacto de los impuestos en la economía digital, mientras las partes mantienen posturas enfrentadas y el conflicto sigue abierto.