El presidente Javier Milei vetó la ley que declaraba la emergencia por las inundaciones en Bahía Blanca, dejando sin efecto la creación de un fondo especial de 200.000 millones de pesos destinado a la asistencia y reconstrucción de la ciudad y zonas aledañas. La medida, oficializada mediante el Decreto 424/2025, generó un fuerte rechazo de la oposición y de autoridades locales, quienes consideran que la ayuda previa del Gobierno nacional fue insuficiente para afrontar la magnitud de los daños.

El Gobierno justificó el veto argumentando que la ley duplicaba fondos ya otorgados a través de un decreto de necesidad y urgencia, y que carecía de previsión presupuestaria clara. Según el Ejecutivo, Bahía Blanca ya recibió 200.000 millones de pesos en asistencia directa, además de 10.000 millones para el municipio, líneas de crédito, insumos y despliegue de fuerzas federales. "No te comas el cuento de la casta. El Gobierno Nacional ya le brindó el fondo de emergencia a Bahía Blanca y lo asistió cuando más lo necesitaba, no tres meses después", expresó la administración nacional en redes sociales.

Sin embargo, el intendente Federico Susbielles y legisladores de distintos bloques sostienen que la reconstrucción real aún no comenzó y que la ley vetada ofrecía un marco más amplio y transparente para la recuperación de la ciudad. "Bahía Blanca merece una respuesta adecuada y la necesita", afirmó Susbielles, quien anticipó que buscará dialogar directamente con el presidente para revertir la decisión.

La oposición, por su parte, denunció falta de transparencia en la asignación de fondos y criticó la eliminación de exenciones impositivas, moratorias y créditos blandos previstos en la ley. "No se superpone con el decreto: la ley tiene mayor jerarquía y alcance, y apunta a soluciones estructurales", argumentaron legisladores radicales y peronistas, quienes anticiparon que insistirán con la norma en el Congreso.

El debate se produce en un contexto de alta sensibilidad social, tras las inundaciones del 7 de marzo que dejaron 16 muertos y daños millonarios. La controversia expone las tensiones entre el Ejecutivo y el Congreso sobre el manejo de emergencias y la asignación de recursos públicos, mientras la comunidad de Bahía Blanca sigue reclamando respuestas concretas para su recuperación.