El inicio del ciclo lectivo en la provincia de Buenos Aires se encuentra en riesgo debido a la confirmación de un paro docente para el 2 de marzo, convocado por el Frente de Unidad Docente Bonaerense y la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA). Los gremios docentes bonaerenses, entre ellos FEB, Suteba, Amet, Sadop y Udocba, rechazaron la última oferta salarial del gobierno provincial, que consistía en un aumento del 3% para febrero, argumentando que resulta insuficiente frente a la inflación y la pérdida del poder adquisitivo.

La eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) por parte del gobierno nacional, mediante el DNU 280/2024, agravó la situación salarial de los docentes, ya que este fondo representaba aproximadamente el 10% de sus ingresos. Ante la falta de respuesta, el gobernador Axel Kicillof instruyó a la Fiscalía de Estado para iniciar una demanda judicial ante la Corte Suprema, buscando la restitución de los fondos recortados.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) también exige la reapertura urgente de paritarias y un aumento salarial de emergencia, denunciando una pérdida del 13,5% del poder adquisitivo en los últimos dos años. "La prioridad debe ser garantizar el salario de los estatales bonaerenses que sostienen las políticas públicas", expresó ATE en un comunicado.

El paro docente, de alcance nacional, incluye planes de acción como movilizaciones, caravanas y carpas en todo el país. Los gremios rechazan además la reforma laboral y educativa impulsada por el gobierno nacional, y solicitan mejores condiciones de trabajo, infraestructura escolar adecuada y estabilidad laboral.

El conflicto se desarrolla en un contexto de ajuste nacional y recortes presupuestarios, con el sistema educativo bonaerense compuesto por más de 7.000 escuelas públicas y cerca de 6.000 privadas. El 70% de los estudiantes asiste a establecimientos estatales, lo que amplifica el impacto de la medida de fuerza. Mientras tanto, el gobierno provincial mantiene el diálogo abierto con los gremios, aunque la presión sindical y judicial aumenta a medida que se acerca la fecha de inicio de clases. Las consecuencias futuras dependerán de la capacidad de negociación entre las partes y de la respuesta del gobierno nacional a los reclamos por financiamiento educativo.