El doble femicidio ocurrido en Córdoba, donde Pablo Laurta asesinó a su expareja Luna Giardina y a la madre de ella, Mariel Zamudio, ha generado una fuerte conmoción en la sociedad argentina. Laurta, fundador de la agrupación "Varones Unidos", es señalado no solo por el crimen sino también por su activa militancia en discursos antigénero y la promoción de la idea de que las denuncias de violencia de género suelen ser falsas.

Tras el hecho, la organización "Varones Unidos" publicó un comunicado que intentó justificar el accionar de Laurta, lo que fue calificado como "inédito" por María Emilia Sesin, secretaria de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema. Sesin advirtió que este tipo de manifestaciones públicas por parte de agrupaciones que amparan femicidios representa un peligroso avance de discursos que deslegitiman la lucha contra la violencia de género.

Investigaciones académicas, como la realizada por Gabriela Bard Wigdor y Mariana Loreta Magallanes, han advertido desde hace años sobre el crecimiento y la influencia de grupos masculinistas como "Varones Unidos". Estos espacios, según los estudios, no solo disputan sentidos en redes sociales, sino que también reclutan y validan prácticas violentas, promoviendo la idea de que el feminismo es una amenaza y que las mujeres son enemigas.

El caso Laurta se produce en un contexto político donde se han impulsado proyectos legislativos para agravar las penas por falsas denuncias de violencia de género, a pesar de que no existen datos que respalden la existencia de una "epidemia" de denuncias falsas. Diversos informes, tanto nacionales como internacionales, han desmentido la incidencia significativa de este fenómeno.

Especialistas y activistas advierten que la estigmatización de las denuncias y la validación de discursos misóginos desincentivan a las víctimas a buscar ayuda y perpetúan la violencia. Además, critican la falta de políticas públicas integrales y el desfinanciamiento de programas de prevención y atención a la violencia de género.

El doble femicidio de Córdoba pone en evidencia la urgencia de abordar la problemática desde una perspectiva estructural, fortaleciendo la educación emocional y la prevención desde la infancia, y garantizando la presencia activa del Estado en la protección de los derechos de las mujeres y diversidades.