El ex subinspector de la Policía de Córdoba, Daniel Heredia Nas, fue condenado a 12 años de prisión efectiva por haber abusado sexualmente de al menos cinco mujeres detenidas en la alcaidía de la Departamental Río Cuarto. El fallo, emitido por el juez Pablo Bianchi, también incluye la inhabilitación perpetua para ejercer cualquier cargo público, en reconocimiento de la gravedad de los hechos y la condición de funcionario del acusado al momento de los ataques.

Las denuncias, que comenzaron a surgir en junio de 2024, revelaron un patrón de abuso reiterado y ultrajante. Las víctimas, todas internas de la alcaidía, relataron que Heredia Nas aprovechaba los momentos en que no era supervisado para someterlas bajo amenazas y ofrecerles beneficios como llamadas telefónicas o cigarrillos. Dos de las mujeres estaban embarazadas al momento de los abusos, lo que agravó la situación. "No se lo deseo a nadie lo que me pasó. Sé que he hecho algunas cosas malas y por eso estaba detenida, pero me trató como basura", expresó una de las víctimas durante el juicio.

La investigación, dirigida por el fiscal Javier Di Santo, se basó en seis denuncias, testimonios de las víctimas, grabaciones de cámaras de seguridad, pericias médicas y registros internos de la alcaidía. Heredia Nas fue detenido en mayo de 2024 y, durante el proceso judicial, reconoció los hechos ante el tribunal. El juez Bianchi recomendó que el condenado reciba tratamiento psicológico y ordenó que el caso sea inscripto en el Registro de personas condenadas por delitos contra la integridad sexual.

La abogada Silvia Soria, representante de una de las denunciantes, destacó que la sentencia representa un precedente judicial importante, al sancionar a un funcionario policial por delitos cometidos dentro de una institución de seguridad. "Este fallo marca que puede haber justicia cuando los acusados son funcionarios policiales", afirmó Soria, quien también subrayó la vulnerabilidad de las víctimas y la dificultad que enfrentaron para denunciar los hechos.

El caso generó repercusiones en la comunidad y en el ámbito judicial, siendo considerado un llamado a revisar prácticas institucionales y a fortalecer los mecanismos de prevención y asistencia para víctimas de abuso. La condena es vista como una señal de justicia y reparación para las mujeres afectadas, y como un paso relevante en la lucha contra el abuso institucional en Argentina.