El gobierno argentino suspendió más de 100.000 pensiones no contributivas por discapacidad en un proceso iniciado en agosto de 2024 y profundizado durante 2025. Según el vocero presidencial Manuel Adorni, la medida busca corregir irregularidades y asegurar que los beneficios lleguen solo a quienes realmente los necesitan. El Ejecutivo estima un ahorro fiscal de 35 mil millones de pesos mensuales por estas bajas.

Sin embargo, el procedimiento ha sido duramente cuestionado por organizaciones civiles, defensorías provinciales y beneficiarios. Denuncian que la auditoría se realizó con graves irregularidades: la mitad de las citaciones no llegó a destino, especialmente en provincias como Chaco y Formosa, donde el porcentaje de notificaciones fallidas superó el 70%. Muchos beneficiarios se enteraron de la suspensión al no cobrar, sin haber recibido notificación previa ni instrucciones claras sobre cómo proceder.

La Defensoría del Pueblo bonaerense y la Asociación Civil Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) reclamaron la suspensión inmediata de las bajas y la restitución de los derechos afectados. "Limitar la medida cautelar a una provincia genera desigualdad territorial inadmisible", expresó el defensor Guido Lorenzino. Además, se denunció que el proceso de auditoría fue confuso, con exigencias burocráticas desproporcionadas y sin ajustes razonables para la situación de las personas con discapacidad.

El gobierno, por su parte, argumenta que el crecimiento exponencial de las pensiones desde 2003 no se corresponde con la realidad demográfica y que la revisión es necesaria para evitar fraudes. Sin embargo, datos oficiales muestran que solo el 20% de las personas con discapacidad recibe una pensión, y el monto actual de $294.194 está por debajo de la canasta básica alimentaria.

El debate se intensificó tras la difusión de audios y denuncias de presuntas coimas en la ANDIS, así como protestas de familias y organizaciones. El tema escaló a nivel legislativo y judicial, con pedidos de informes y medidas cautelares. Mientras tanto, miles de familias afectadas reclaman la restitución de sus derechos y una revisión transparente del proceso.