Facundo Ángel Plos, un joven de 26 años condenado por abuso sexual y homicidio culposo, se fugó durante una audiencia judicial virtual en Villa Regina, Río Negro, generando alarma y un amplio operativo policial. El hecho ocurrió el jueves, cuando Plos, que cumplía arresto domiciliario con tobillera electrónica, participaba de la audiencia desde su domicilio familiar. La sesión, realizada por Zoom, tenía como objetivo confirmar la prisión preventiva del imputado tras agotar todas las instancias recursivas provinciales.

Según fuentes judiciales, en el momento en que el tribunal resolvió hacer lugar al pedido de la fiscalía y ordenó la detención inmediata, Plos apagó su cámara, cortó la tobillera electrónica y huyó del lugar. La desconexión del dispositivo fue detectada minutos después por la Unidad de Arresto Domiciliario por Monitoreo Electrónico, que notificó a las autoridades sobre la evasión. La fiscalía había argumentado el peligro de fuga, señalando los antecedentes penales de Plos, su juventud, la ausencia de cargas familiares y los recursos económicos que le permitirían desplazarse incluso fuera del país.

La defensa, por su parte, solicitó mantener las medidas alternativas vigentes y ajustar los controles, pero el tribunal rechazó la propuesta y ordenó la prisión preventiva. Tras la fuga, el Ministerio Público Fiscal libró un oficio de rebeldía y captura, y la Policía de Río Negro desplegó un operativo de búsqueda en Villa Regina y localidades cercanas, con refuerzos de distintas unidades y alerta a fuerzas provinciales y nacionales.

Plos había sido condenado a seis años de prisión efectiva por abuso sexual con acceso carnal ocurrido en enero de 2023, y también poseía una condena previa por homicidio culposo en un accidente vial en 2022. Cumplía arresto domiciliario bajo estrictas restricciones de contacto y movimiento, incluyendo la prohibición de salir del municipio y acercarse a la víctima y su familia.

El caso ha generado preocupación en la comunidad y entre los actores judiciales, quienes remarcan la sensibilidad social y la urgencia de concretar la detención para garantizar el cumplimiento efectivo de la pena y la protección de las víctimas. La fuga de Plos pone en debate la efectividad de las medidas cautelares electrónicas y la capacidad del sistema judicial para prevenir riesgos procesales en casos de alta gravedad.