Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) ha puesto en marcha un ambicioso plan para acelerar la instalación de medidores domiciliarios de agua en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, en el marco de la inminente privatización de la empresa estatal. Según datos oficiales, la compañía prevé cerrar 2026 con más de 100.000 medidores instalados, una cifra récord que responde tanto a las exigencias del futuro contrato de concesión como a la estrategia del Gobierno nacional de modernizar y hacer más eficiente el servicio.

Actualmente, solo el 27% de los usuarios residenciales de AySA cuenta con medidor, mientras que la mayoría paga una tarifa fija basada en parámetros como ubicación y superficie del inmueble, sin relación directa con el consumo real. El nuevo esquema, impulsado por el denominado Plan de Medición, busca revertir esta situación y generalizar progresivamente el servicio medido, permitiendo que los usuarios abonen según el agua efectivamente consumida.

El programa fue relanzado en 2024 tras varios años de bajo ritmo de instalaciones. Desde entonces, la evolución ha sido sostenida: 26.000 medidores en 2024, más de 57.000 en 2025 y más de 50.000 en el primer semestre de 2026. La instalación es gratuita para los usuarios incluidos en esta etapa y se priorizan las zonas donde ya existe una cobertura parcial, con el objetivo de optimizar los trabajos técnicos y acelerar la expansión del sistema.

El Gobierno nacional, que busca vender el 90% de las acciones de AySA a un operador privado, considera que la medición individual es clave para mejorar la eficiencia operativa, reducir el desperdicio de agua potable y hacer más atractiva la empresa para potenciales inversores. "El medidor de agua es una herramienta que permite detectar la existencia de pérdidas en las instalaciones internas, posibilitando al usuario mantener su instalación sanitaria en condiciones y evitar el derroche de agua", señaló la empresa en un comunicado.

AySA abastece a 15 millones de personas y opera una de las redes de infraestructura sanitaria más extensas de América Latina. En los últimos años, la compañía combinó inversiones estatales con una política de tarifas subsidiadas, lo que deterioró su equilibrio económico y elevó la asistencia del Tesoro Nacional. Con la llegada del gobierno de Javier Milei, se inició un proceso de reducción de subsidios y recomposición tarifaria, junto con el diseño de un nuevo esquema para incorporar operadores privados.

El avance del Plan de Medición es visto como un paso fundamental para preparar la empresa ante el cambio de gestión y modelo empresarial. Especialistas del sector sostienen que ampliar la cobertura de usuarios medidos no solo mejora la calidad del servicio, sino que también incrementa el atractivo de AySA para los futuros interesados en operar la compañía. El proceso de privatización, habilitado por la Ley Bases, aún no fue lanzado formalmente, pero la empresa ya trabaja en los aspectos técnicos y regulatorios que definirán el futuro del servicio de agua potable y saneamiento en el Área Metropolitana.