El proyecto de ley impulsado por el gobierno de Javier Milei para incentivar el uso de dólares no declarados enfrenta demoras en la Cámara de Diputados. La iniciativa, presentada a principios de junio bajo el nombre de “presunción de inocencia fiscal”, busca flexibilizar los controles fiscales y actualizar los montos mínimos para investigar casos de evasión, con el objetivo de que los argentinos incorporen al circuito formal los dólares que mantienen fuera del sistema financiero.

El oficialismo esperaba un tratamiento rápido, pero tras cuatro semanas el proyecto aún no tiene fecha de debate en comisiones. La falta de consenso entre los bloques dialoguistas y la oposición ha trabado la firma del dictamen necesario para avanzar. “Espert maneja la agenda de Presupuesto como quiere. Cajonera todo y después cuando les interesa, te vienen de apuro. Así no funciona”, expresó un diputado radical disidente, reflejando el malestar en sectores clave.

El proyecto propone elevar los montos mínimos para que una persona sea investigada por evasión fiscal, pasando de $1,5 millones a $100 millones para evasión simple y de $15 millones a $1.000 millones para agravada. Además, acorta los plazos de prescripción de 5 a 3 años y crea un régimen simplificado de Ganancias para personas con ingresos inferiores a $1.000 millones. Según el gobierno, estas medidas buscan “facilitar la vida a la gente” y reactivar el consumo, en un contexto donde se estima que los argentinos mantienen unos 200.000 millones de dólares fuera del sistema financiero.

Sin embargo, la oposición y algunos bloques aliados advierten sobre los riesgos de flexibilizar los controles y la posibilidad de que la medida se convierta en un nuevo blanqueo de capitales. Además, el retraso en el tratamiento se ve agravado por feriados y otros eventos políticos, como el reciente fallo de la Corte Suprema y la agenda judicial de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Mientras tanto, el gobierno continúa negociando con gobernadores y legisladores para sumar apoyos, en un contexto de consumo débil y caída de la recaudación. La efectividad de la medida dependerá, según economistas, de la confianza que logre generar en los ahorristas para que decidan ingresar sus dólares al circuito formal. El debate sigue abierto y su resolución será clave para la política económica de los próximos meses.