El intendente de Rosario, Pablo Javkin, denunció este martes la existencia de presuntos vínculos entre los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A. y redes de narcotráfico, en el marco de la causa que investiga la distribución de fentanilo contaminado que ya provocó más de 50 muertes en hospitales de distintas provincias argentinas. Javkin formalizó su denuncia ante el juez federal Ernesto Kreplak y solicitó que la Municipalidad de Rosario sea admitida como querellante, argumentando un perjuicio directo a la salud pública y al patrimonio local.

La investigación judicial, que involucra también al Hospital Italiano de La Plata y al Ministerio de Salud de la Nación, se centra en la posible adulteración de fentanilo, un opioide sintético utilizado en pacientes críticos. El Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) de Rosario fue uno de los centros donde se administró el medicamento contaminado, lo que obligó a retirar y custodiar los lotes afectados tras la alerta de la ANMAT.

Javkin remarcó que solo dos laboratorios estaban habilitados para importar fentanilo, cuya demanda creció durante la pandemia y se mantuvo en niveles elevados. El intendente advirtió sobre la continuidad de actores involucrados en incidentes previos, como la explosión del laboratorio Apolo en 2016, y criticó la falta de sanciones judiciales y administrativas que, según él, permitieron la reiteración de conductas riesgosas en el sector farmacéutico.

La causa judicial avanza con allanamientos, análisis de muestras y la suspensión de los laboratorios implicados. El municipio de Rosario evalúa iniciar un reclamo por daños y perjuicios, mientras que la provincia de Santa Fe y el Hospital Italiano de La Plata también buscan ser parte querellante. “No vamos a tolerar a ningún grupo mafioso actuando en Rosario”, sentenció Javkin, quien insistió en la necesidad de esclarecer los hechos y fortalecer los controles sobre la producción y distribución de medicamentos.

El caso puso en evidencia fallas en los sistemas de control y la importancia de la colaboración entre autoridades sanitarias, judiciales y municipales para prevenir nuevas tragedias. La investigación continúa, con el objetivo de determinar responsabilidades y evitar que se perpetúe un ciclo de impunidad que afecta derechos fundamentales como la salud y la vida.