La Justicia de Chubut investiga un presunto intento de soborno a un dirigente sindical para impedir el inicio del ciclo lectivo en la provincia. La denuncia fue presentada por José Severiche, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Seccional Trelew, quien aseguró que recibió una oferta de dinero para generar un conflicto gremial que impidiera el comienzo de las clases el próximo 23 de febrero.

Según la denuncia, el ofrecimiento provino de Gonzalo Carpintero Patterson, exfuncionario provincial con antecedentes de condena por corrupción, y de empresarios locales, entre ellos Ricardo Traversini y Raúl “Tato” Cereseto. Severiche relató que fue contactado por Traversini, quien le manifestó que su jefe, Carpintero, quería reunirse con él. En la reunión, realizada en una oficina del Parque Industrial Liviano de Trelew, Carpintero le habría solicitado que “haga quilombo con el gremio” antes del inicio de clases, prometiéndole una retribución económica y futuras paritarias como compensación.

La fiscal Julieta Gamarra, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública, dispuso allanamientos en domicilios particulares y en la empresa donde se habría realizado la reunión. En los procedimientos se secuestraron teléfonos celulares, cámaras de seguridad y otros registros fílmicos que serán analizados para determinar la veracidad de la denuncia y avanzar en la investigación.

El abogado defensor de Carpintero, Federico Ruffa, cuestionó la calificación legal de cohecho y denunció una supuesta utilización política de la Justicia, señalando que la causa carece de sustento penal y responde a intereses ajenos al proceso judicial.

Fuentes del gobierno provincial indicaron que el trasfondo del caso podría estar vinculado a intereses empresariales para evitar el pago de impuestos adeudados, frenar el incremento del canon pesquero y bloquear la posible presentación de una “Ley de Ficha Limpia para la Pesca”.

La causa se encuentra en una etapa inicial y la calificación legal es provisoria, sujeta a revisión a medida que se incorporen nuevas pruebas. El gobierno provincial anunció que será querellante en la causa y busca investigar a todos los actores involucrados. El caso ha generado un fuerte debate político y sindical en Chubut, en un contexto de alta tensión por el inicio del ciclo lectivo y la situación económica de la provincia.