Una auditoría reciente reveló que Guillermo Dietrich, exministro de Transporte de la Nación, destinó el 25% del presupuesto de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) para escoltar camiones que transportaban aspas de molinos eólicos, en el marco de proyectos vinculados a la familia Macri y al futbolista Carlos Tévez. Esta decisión, según el dictamen jurídico que analizó la gestión, no estaba debidamente justificada y representó una erogación significativa de fondos públicos.

El informe de la Auditoría General de la Nación, presidida por la oposición, detectó severas irregularidades en las licitaciones de energías renovables durante el gobierno de Mauricio Macri. Entre 2016 y 2017, la familia Macri y Tévez adquirieron proyectos eólicos y solares por 25 millones de dólares, que luego fueron revendidos en un año, generando ganancias de hasta 70 millones de dólares. Parte de estos dividendos fueron girados a bancos en Estados Unidos, según la investigación.

El dictamen jurídico señala que los compromisos asumidos por la ANSV no implicaban, en principio, erogaciones para el organismo, pero la realidad mostró que un 25% del presupuesto fue destinado a cumplir con estos traslados. Además, se detectó que unos 50 millones de dólares de la ANSV se evaporaron sin que existan obras concretas registradas.

El desarrollo de energías renovables fue uno de los ejes de la política energética nacional durante el macrismo, lo que facilitó la inversión privada en el sector. Sin embargo, las operaciones incluyeron triangulaciones y terminaron en manos de empresas extranjeras, como la china Goldwind y la argentina Genneia.

A pesar de la magnitud del caso y de las denuncias de la Auditoría General, la causa judicial permanece sin avances significativos. Tras la asunción de Javier Milei, Dietrich se alejó de la política y no logró incorporarse al nuevo gobierno. El caso se suma a otras investigaciones sobre presuntas irregularidades en la gestión de fondos públicos durante la administración anterior, y plantea interrogantes sobre la transparencia en el uso de recursos estatales y el control de los organismos de fiscalización.