La reciente confirmación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner por parte de la Corte Suprema ha desencadenado una ola de reacciones políticas y sociales en Argentina. El dirigente social Juan Grabois calificó la decisión como un "golpe judicial" y exhortó a la ciudadanía a abstenerse de votar en las próximas elecciones, argumentando que "se acabó el régimen democrático en la Argentina". Esta postura fue expuesta durante una cumbre de urgencia del Partido Justicialista (PJ), donde se discutieron estrategias para enfrentar el fallo y acompañar a la expresidenta.

Mientras tanto, el PJ decidió organizar una serie de acciones en todo el país para repudiar la condena, incluyendo manifestaciones pacíficas y una gran marcha para acompañar a Cristina Kirchner el día de su presentación ante la justicia. La residencia de la exmandataria en el barrio de Constitución se ha convertido en el centro de una vigilia constante de militantes y simpatizantes, quienes expresan su respaldo en medio de un clima de tensión política.

Por su parte, el Gobierno y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, celebraron la intervención policial en recientes protestas y defendieron la legalidad del proceso judicial. El cierre del Instituto Juan Domingo Perón, anunciado por el Gobierno como parte de un plan de ajuste, también generó protestas y la detención breve de Grabois, quien aprovechó la situación para lanzar críticas al oficialismo y proyectar su figura política.

El fallo de la Corte Suprema y las medidas del Gobierno profundizan la polarización política en el país, reavivando viejas tensiones entre el peronismo y el Poder Judicial. Mientras sectores oficialistas acusan a Grabois y otros dirigentes de promover el caos, desde la oposición denuncian una persecución política y judicial, calificando la condena como una "proscripción" y una "agresión al peronismo". El escenario político argentino se mantiene en estado de alta tensión, con manifestaciones y debates sobre la vigencia de la democracia y el Estado de Derecho.