La Justicia ordenó un embargo preventivo de $168 millones sobre los fondos de Lácteos Vidal, una pyme láctea de Carlos Casares, en el marco de un prolongado conflicto con el gremio ATILRA. La medida, dictada por el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N°69, responde al incumplimiento de la reincorporación de trabajadores despedidos tras bloqueos sindicales ocurridos en 2022.

Según la resolución judicial, el embargo se fundamenta en el no pago de astreintes, multas diarias impuestas por la Justicia ante la negativa de la empresa a reincorporar a 26 empleados. La suma embargada incluye tanto el monto principal como intereses y costas judiciales. La dueña de la firma, Alejandra Bada Vázquez, calificó la decisión como "arbitraria" y advirtió que pone en riesgo la continuidad de la empresa, ya que afecta la capacidad de pago de sueldos, aguinaldos e impuestos.

El conflicto entre Lácteos Vidal y ATILRA se remonta a 2022, cuando la planta fue bloqueada por el sindicato en reclamo de recategorizaciones laborales. La empresa respondió con el despido de 26 trabajadores, lo que derivó en una serie de demandas judiciales y medidas cautelares. La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo confirmó la orden de reincorporación para parte de los despedidos y estableció el pago de multas diarias por cada día de incumplimiento.

En la última audiencia de conciliación, la empresa ofreció pagar el 50% de las indemnizaciones reclamadas, propuesta que fue rechazada por el gremio. La audiencia se realizó sin la presencia de los trabajadores ni del juez, lo que generó críticas por parte de la empresaria, quien sostiene que el proceso carece de transparencia y voluntad de acuerdo.

Desde ATILRA, en tanto, se sostiene que la medida judicial es consecuencia directa de la negativa de la empresa a cumplir con los derechos laborales de los trabajadores. El gremio advirtió que se preparan nuevos embargos por montos superiores y que existen otras causas pendientes de resolución.

El caso de Lácteos Vidal ha trascendido el ámbito judicial y se ha convertido en un símbolo de la tensión entre pymes y sindicatos en Argentina, alimentando el debate sobre la eficacia de la Justicia laboral y el impacto de los conflictos gremiales en la actividad productiva. La resolución del caso podría sentar un precedente relevante para futuras disputas en el sector.