Un escándalo sacude al gobierno argentino tras revelarse que un jet privado, propiedad del empresario Leonardo Scatturice, realizó siete vuelos entre Estados Unidos y Buenos Aires en los últimos meses, transportando valijas que eludieron controles aduaneros. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) investiga posibles maniobras de contrabando y la existencia de contratos millonarios entre empresas de Scatturice y el Estado nacional, bajo la gestión de Javier Milei.

El episodio que disparó la investigación ocurrió el 26 de febrero de 2025, cuando el Bombardier Global 5000 aterrizó en Aeroparque con más de diez valijas, de las cuales solo cinco fueron declaradas. Laura Arrieta, empleada de empresas de Scatturice y vinculada a la organización de eventos oficiales, fue la única pasajera registrada. Imágenes de seguridad confirmaron que tanto ella como la tripulación evadieron los controles de equipaje, lo que motivó la apertura de una causa de oficio por parte de la PIA.

Durante los trece días que el avión permaneció en Buenos Aires, sus movimientos no fueron registrados oficialmente y la aeronave fue resguardada en un hangar privado. Tras el escándalo, la matrícula del jet fue modificada y la nave continuó operando bajo una nueva identidad. Paralelamente, se detectaron contratos entre la Secretaría de Inteligencia (SIDE) y Tactic COC LLC, una empresa de Scatturice, por servicios de enlace internacional, con montos considerados inusualmente bajos para el tipo de tareas contratadas.

Las empresas de Scatturice, entre ellas OCP Tech, recibieron adjudicaciones públicas por más de $2.300 millones en 2025, incluyendo contratos con el Ministerio de Economía y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La denuncia, impulsada por el diputado Rodolfo Tailhade, sostiene que estos contratos podrían ser una pantalla para triangulación de fondos reservados y destaca la red de vínculos entre Scatturice, funcionarios del gobierno y figuras de la ultraderecha estadounidense.

El gobierno ha negado vínculos directos con el empresario y justifica la falta de controles aduaneros en la rigurosidad de los controles estadounidenses. Sin embargo, la oposición y organismos de control exigen explicaciones y mayor transparencia en las contrataciones estatales. El caso, que recuerda otros escándalos de valijas en la política argentina, sigue bajo investigación judicial y parlamentaria, mientras crece el debate sobre la opacidad y los intermediarios en la gestión pública.