El presidente Javier Milei, acompañado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, presentará este martes una reforma estructural de la Policía Federal Argentina (PFA) en un acto en la sede del Cuerpo de Policía Montada, en Palermo. La medida, que será oficializada mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial, busca modernizar la fuerza y dotarla de mayores facultades para la investigación y prevención del delito, inspirándose en modelos internacionales como el FBI estadounidense.

Entre los principales cambios, se destaca la habilitación del patrullaje virtual en redes sociales y sitios públicos digitales sin la necesidad de autorización judicial previa, con el objetivo de detectar posibles delitos en tiempo real. Además, la PFA podrá realizar detenciones sin orden judicial cuando existan circunstancias fundadas que hagan presumir la comisión de un delito, permitiendo la retención de personas hasta 10 horas para establecer su identidad. Estas medidas han generado debate sobre el equilibrio entre seguridad y derechos individuales.

La reforma también contempla la creación de nuevas áreas especializadas en la investigación de delitos complejos, como el narcotráfico, la trata de personas y las redes criminales urbanas. Asimismo, se implementarán cambios en los criterios de ascenso y mecanismos de auditoría interna para combatir la corrupción dentro de la fuerza.

El anuncio se produce en un contexto de creciente preocupación por la seguridad y el crimen organizado en el país, así como en medio de tensiones políticas derivadas de la reciente confirmación de la condena a la ex presidenta Cristina Kirchner. El Gobierno busca fortalecer la presencia de la PFA en provincias y ciudades conflictivas, como Rosario, y ampliar la autoridad del Ministerio de Seguridad sobre el despliegue y control policial.

Mientras funcionarios del Gobierno defienden la reforma como una herramienta necesaria para enfrentar el delito complejo, sectores de la propia fuerza y especialistas advierten sobre el riesgo de otorgar facultades excesivas y discrecionales, lo que podría vulnerar derechos y garantías individuales. La oposición y organismos de derechos humanos han expresado su preocupación por el alcance de las nuevas atribuciones policiales, anticipando un debate público sobre los límites de la seguridad y el respeto a las libertades civiles.