El Gobierno argentino ha oficializado un nuevo aumento en las tarifas de luz y gas, que comenzó a regir desde el 1 de junio de 2025. Según las resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, la electricidad tendrá un incremento promedio del 2,82%, mientras que el gas natural subirá un 6,20% en promedio. Estas medidas forman parte de la política de reducción de subsidios y ajuste tarifario en el marco de la emergencia energética nacional, prorrogada hasta julio de 2026.

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) fueron los encargados de establecer los nuevos cuadros tarifarios. En el caso de la electricidad, el ajuste se basa en la evolución de los índices de precios mayoristas y al consumidor publicados por el INDEC. Por su parte, el aumento en el gas incluye un recargo destinado a financiar el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, que beneficia a los hogares ubicados en zonas frías.

El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió la medida como parte de la "corrección de los precios relativos de la economía". Sin embargo, la decisión ha generado críticas en diversos sectores, que señalan su impacto en el poder adquisitivo de los hogares en un contexto de recesión económica. Según datos oficiales, el consumo de energía eléctrica y gas ha mostrado una caída en los últimos meses, reflejando las dificultades económicas que enfrentan los usuarios.

Los aumentos también incluyen una segmentación de subsidios. Los usuarios de menores ingresos seguirán recibiendo bonificaciones, aunque con límites en el consumo. Por ejemplo, quienes superen los 350 Kwh mensuales en el caso de ingresos bajos o los 250 Kwh en ingresos medios deberán pagar la tarifa plena. En el caso del gas, el recargo del 6,20% se aplicará por metro cúbico facturado, con variaciones según la región.

Las empresas distribuidoras Edenor y Edesur, que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), han señalado que estos ajustes son necesarios para mantener la calidad del servicio y realizar inversiones futuras. Ambas compañías planean destinar alrededor de 2.000 millones de dólares en los próximos cinco años para mejorar la infraestructura y reducir la frecuencia de los cortes de luz.

En conclusión, los nuevos aumentos en las tarifas de luz y gas reflejan la intención del Gobierno de avanzar hacia una estructura tarifaria que refleje los costos reales del sistema, con subsidios focalizados en los sectores más vulnerables. No obstante, la medida plantea desafíos significativos para los usuarios y el sector energético en un contexto económico complejo.