La jueza Julieta Makintach, quien presidía el juicio por la muerte de Diego Maradona, presentó su renuncia tras la apertura de un jury de enjuiciamiento en su contra, luego de que se revelara su participación en la producción del documental "Justicia Divina" sobre el mismo proceso judicial. El escándalo estalló cuando el productor audiovisual José María Arnal Ponti declaró ante la Justicia que Makintach conocía y aprobaba el contenido del documental desde el inicio, contradiciendo las declaraciones públicas de la magistrada, quien había negado su involucramiento.

El documental, con un presupuesto estimado de 800.000 dólares, ya había avanzado en la filmación de escenas dentro de los tribunales de San Isidro, incluso antes del inicio formal del juicio. La revelación de estos hechos llevó a la nulidad del debate judicial y a la recusación de Makintach, quien finalmente optó por presentar su renuncia. Sin embargo, el Colegio de Abogados de San Isidro solicitó públicamente al gobernador bonaerense Axel Kicillof que no acepte la dimisión, argumentando la necesidad de que la jueza enfrente el juicio político correspondiente.

En caso de que la renuncia sea aceptada, Makintach perdería los fueros judiciales y podría ser investigada penalmente, incluyendo un pedido de detención inmediata por presunta privación ilegítima de la libertad de un testigo. Por otro lado, si la renuncia es rechazada, el proceso de enjuiciamiento continuará y podría derivar en su destitución e inhabilitación para ejercer cargos judiciales en el futuro.

El caso ha generado un fuerte debate sobre la ética y la imparcialidad en el Poder Judicial, así como sobre los límites de la exposición mediática de los magistrados. La Asociación de Mujeres Jueces de Argentina también evalúa la posible expulsión de Makintach de la organización. El desenlace depende ahora de la decisión del gobernador Kicillof, mientras el proceso judicial y las investigaciones penales siguen su curso.