Docentes universitarios y de distintos niveles educativos en Argentina han convocado a un paro y movilización para el 11 de febrero, en rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno Nacional. La medida, respaldada por sindicatos como la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de La Plata (ADULP) y la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), busca visibilizar el descontento ante lo que consideran un avance sobre los derechos laborales y una crisis de financiamiento en el sector educativo.

El secretario general de ADULP, Octavio Miloni, afirmó que la reforma laboral representa "un avance más de esta política de cercenar derechos" y destacó la importancia de que "toda la clase trabajadora esté en la pelea". Los docentes exigen el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y la reapertura de paritarias para recomponer salarios, que según denuncian, permanecen congelados desde hace un año en torno a los 250 mil pesos.

La jornada de protesta, que coincide con el tratamiento del proyecto de reforma laboral en el Congreso, prevé movilizaciones frente al Congreso Nacional y en ciudades como La Plata, Comodoro y Trelew. La medida podría complicar el inicio de clases y las actividades de verano en varias universidades, afectando tanto a ingresantes como a quienes cursan materias intensivas.

El reclamo docente se da en un contexto de crisis económica y ajuste presupuestario, donde la falta de aumentos salariales y el incumplimiento de la ley de financiamiento educativo son ejes centrales. Si bien la CGT no convocó a un paro general, limitando la participación del sector privado, el movimiento docente se articula con otros sectores en lucha, como trabajadores de la salud y agrupaciones sindicales opositoras.

Desde las bases docentes, se critica la falta de respuesta de las conducciones sindicales y se exige mayor organización y un plan de lucha más contundente. "No está el tiempo como para perder el laburo", reconocen algunos, mientras otros docentes admiten confiar en la gestión nacional pese a las dificultades económicas. El conflicto, que suma autocríticas y demandas históricas, anticipa un año de fuerte tensión entre el Gobierno y el sistema universitario público.