La Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad. El fallo, que investiga irregularidades en la adjudicación de obras públicas durante sus gobiernos, ha generado una ola de reacciones políticas y sociales en todo el país.

Tras la decisión judicial, la defensa de Kirchner solicitó conocer los posibles lugares de detención bajo custodia federal, pero el tribunal rechazó el pedido por tratarse de información confidencial. Mientras tanto, se debate la posibilidad de que la exmandataria cumpla la condena bajo arresto domiciliario en su residencia de Monserrat, Buenos Aires, lo que podría evitar su traslado a Comodoro Py el próximo miércoles 18 de junio, fecha límite establecida por la Justicia para su presentación.

La noticia desató una fuerte movilización de sectores afines al kirchnerismo y a la ex presidenta. Más de 250 intendentes de todo el país expresaron su repudio al fallo y convocaron a una movilización masiva bajo la consigna "Argentina con Cristina". El epicentro de la protesta será la casa de Kirchner en Buenos Aires, aunque se esperan manifestaciones en distintas ciudades, como Mar del Plata y Ushuaia. Juan Grabois, Ofelia Fernández y otros referentes sociales y políticos participaron de marchas y asambleas en apoyo a la exmandataria, destacando la importancia de la resistencia popular frente a lo que consideran una persecución judicial y política.

Desde el gobierno nacional, el jefe de gabinete Guillermo Francos aseguró que "no estamos preocupados, estamos ocupándonos de la situación", y remarcó que ninguna manifestación popular puede modificar una decisión judicial. Por su parte, sectores opositores celebraron el fallo como un avance institucional y una señal de fortalecimiento del Estado de derecho.

El caso ha profundizado la polarización política en Argentina. Mientras el oficialismo sostiene que la condena responde a hechos de corrupción comprobados, sectores del peronismo y la izquierda denuncian una maniobra de proscripción y lawfare. El futuro inmediato dependerá de la resolución sobre la prisión domiciliaria y del impacto de las movilizaciones previstas, en un contexto de alta tensión política y social.