Durante la 83ª sesión del Comité contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas (ONU), la delegación oficial argentina, encabezada por el subsecretario de Derechos Humanos Alberto Baños, generó controversia al justificar la represión a la protesta social y cuestionar la cifra de desaparecidos durante la última dictadura militar. Baños sostuvo ante el Comité que la cifra de 30.000 desaparecidos era "irreal" y que había sido "adulterada" para facilitar subsidios económicos, lo que provocó risas y rechazo en el auditorio internacional.

La postura del gobierno argentino fue duramente criticada por organismos de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, quienes denunciaron un retroceso en materia de derechos humanos y señalaron la hostilidad y negacionismo de la delegación oficial. La Comisión Provincial por la Memoria presentó un informe ante la ONU denunciando 2.467 heridos y 223 detenciones arbitrarias en protestas sociales desde diciembre de 2023 a junio de 2025, además de graves vulneraciones en instituciones de salud mental y contextos de encierro en la provincia de Buenos Aires.

Archivos internacionales, como los del Archivo de Seguridad Nacional de Estados Unidos y documentos de inteligencia chilenos, contradicen las cifras oficiales más bajas y sostienen que para 1978 ya se registraban al menos 22.000 desaparecidos, sin contar los años posteriores ni las víctimas de otras fuerzas armadas. Investigaciones periodísticas y testimonios históricos refuerzan la estimación de 30.000 desaparecidos, cifra defendida por organismos de derechos humanos y familiares de víctimas.

La delegación argentina, lejos de promover el diálogo, recurrió a la descalificación de los organismos internacionales y locales, acusando a los críticos de estar "colonizados" y al servicio de la oposición política. Además, se denunció el vaciamiento y censura de sitios de memoria, como el Centro Cultural Haroldo Conti, y la prohibición de actividades culturales relacionadas con la memoria histórica.

El Comité internacional de la ONU subrayó la importancia de evaluar la situación argentina a partir de fuentes múltiples y mantuvo una postura independiente y crítica ante la delegación oficial. Organismos como Abuelas de Plaza de Mayo y la Liga Argentina por los Derechos Humanos repudiaron públicamente los dichos de Baños y alertaron sobre el peligro de manipular la historia y retroceder en la protección de los derechos humanos.

El debate sobre la cifra de desaparecidos y el negacionismo sigue vigente en la sociedad argentina, con implicaciones políticas y sociales profundas. El Comité de la ONU publicará sus observaciones finales el 28 de noviembre, en un contexto de creciente preocupación por el respeto a los derechos humanos en el país.