Las inundaciones que afectan al noroeste de la provincia de Buenos Aires han puesto en jaque al sector agropecuario y evidenciado la falta de coordinación entre los distintos niveles de gobierno. Más de cinco millones de hectáreas se encuentran bajo agua, lo que ha provocado una drástica caída en la producción agrícola y dejado a numerosos productores rurales en una situación crítica.

El pasado sábado, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, visitó el municipio de 9 de Julio y anunció un fondo de $1.900 millones junto con el envío de maquinaria para asistir a los municipios afectados. Sin embargo, la ayuda fue rápidamente calificada como insuficiente por los productores y autoridades locales. "Del anuncio a la realidad, hay una decepción muy grande acá", expresó Patricia Gorza, dirigente de la Federación Agraria Argentina. El fondo, que inicialmente se pensó sería distribuido entre los cinco municipios más afectados, terminó siendo repartido entre 19-20 comunas, lo que equivale a menos de un día de obra por municipio, según cálculos técnicos.

La maquinaria prometida por el gobierno nacional incluye retroexcavadoras, motoniveladoras y camiones volcadores, pero los productores advierten que estos recursos apenas alcanzan para asistir a dos accesos a localidades, mientras el 80% de la red vial de 9 de Julio permanece intransitable. La falta de un plan de trabajo concreto y la escasa coordinación entre Nación y Provincia han generado tensiones y demoras en la asistencia. Damián Costamagna, presidente de la Autoridad del Agua de la provincia, admitió: "No hay un plan trazado" y remarcó que la maquinaria debe asignarse por consenso para evitar complicaciones aguas abajo.

El impacto de las inundaciones se agrava por la paralización de obras clave en la cuenca del Río Salado, un proyecto de más de 25 años que busca mejorar el drenaje de la región. La falta de avances en el tramo IV, etapa 2, ha sido motivo de conflicto entre Nación y Provincia, mientras los productores insisten en la necesidad de finalizar estas obras para evitar futuras catástrofes. "La obra ya arrancó", aseguró Bullrich, aunque los trabajos avanzan lentamente y la financiación ha sido intermitente.

En este contexto, la producción agrícola se ha visto severamente afectada: solo se logró sembrar el 30% de la superficie habitual de trigo y se espera cosechar apenas el 20% de ese porcentaje. Los caminos rurales permanecen intransitables, dificultando el traslado de maquinaria y productos, y muchos productores se ven obligados a consumir su capital para subsistir.

Las reacciones del sector rural han sido de profunda disconformidad. "Se generó demasiada expectativa y seguimos sin tener noción real del impacto a mediano y largo plazo", afirmó Gorza. La presión mediática y las protestas buscan acelerar las respuestas del gobierno, mientras la provincia sostiene operativos propios de emergencia y reclama mayor coordinación y recursos.

El futuro de la región depende de la finalización de las obras en la cuenca del Salado y de una estrategia conjunta entre Nación y Provincia que permita enfrentar la crisis hídrica y recuperar la capacidad productiva del campo bonaerense.