El femicida Miguel Alejandro Vargas, condenado por el asesinato de su expareja Ana Calfín, fue detenido en Chile tras permanecer prófugo durante casi 20 días. La captura fue posible gracias a un operativo internacional coordinado entre la Policía de Investigaciones de Esquel, Interpol y autoridades chilenas.

Vargas, quien había sido declarado culpable por un jurado popular el 11 de abril, escapó de su prisión domiciliaria en Esquel el 15 de abril, horas antes de la audiencia donde se fijaría su condena. La fiscalía había solicitado previamente que se revocara su arresto domiciliario y se lo trasladara a un penal, pero el pedido fue rechazado por el juez Daniel Novarino.

El caso de Ana Calfín, quien murió en agosto de 2023 tras ser rociada con combustible y prendida fuego por Vargas, generó conmoción en la provincia de Chubut. Durante el juicio, se presentaron pruebas de un historial de violencia de género, incluyendo agresiones físicas, control psicológico y violencia económica. La única pena aplicable para Vargas es la prisión perpetua.

La fuga de Vargas desató críticas hacia el sistema judicial, especialmente por la decisión de mantenerlo en prisión domiciliaria. El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, destacó el trabajo de las fuerzas de seguridad y cuestionó las "decisiones judiciales arbitrarias" que permitieron la fuga. "La seguridad de los chubutenses es nuestra prioridad, y no vamos a permitir que decisiones judiciales pongan en riesgo a la sociedad", afirmó Torres.

La detención de Vargas se llevó a cabo en una localidad chilena cercana a la frontera, tras un operativo que incluyó allanamientos y coordinación diplomática entre la Cancillería Argentina y el gobierno chileno. Actualmente, se están llevando a cabo los trámites de extradición para que Vargas enfrente la justicia en Argentina.

El caso de Ana Calfín ha reavivado el debate sobre la violencia de género en Argentina y la necesidad de reformas en el sistema judicial para prevenir casos similares. Organizaciones de derechos humanos y colectivos feministas han señalado la importancia de garantizar la seguridad de las víctimas y de aplicar penas efectivas a los agresores.