El reciente acuerdo entre Argentina y China para renovar el swap de monedas por US$ 6.000 millones ha permitido al país evitar un default inminente y reactivar proyectos de infraestructura clave. La renovación, firmada en junio de 2024, pospone el pago hasta junio de 2026, aunque el total del pasivo con China asciende a unos US$ 20.000 millones, lo que mantiene la preocupación sobre la sostenibilidad de la deuda a mediano plazo.

El swap, originalmente firmado en 2009 y renovado en varias ocasiones, ha sido fundamental para reforzar las reservas del Banco Central y afrontar pagos internacionales. En 2023, ante la imposibilidad de pago, China decidió prorrogar el vencimiento, mostrando una actitud paciente y pragmática. La reactivación de la represa Cóndor Cliff (ex Kirchner-Cepernic), una de las obras públicas más importantes y costosas del país, fue una de las condiciones para la renovación del acuerdo. Esta obra, financiada en parte con fondos del swap, había estado paralizada por cambios de gobierno y crisis económicas, pero su reactivación fue posible tras la aprobación de la Ley Bases II y la gestión de la canciller Diana Mondino.

El uso de los fondos provenientes del swap ha variado a lo largo de los años, destinándose tanto a sostener las reservas como a financiar obras públicas. Sin embargo, la dependencia de financiamiento externo y la magnitud de la deuda generan incertidumbre sobre la capacidad de pago de Argentina en 2026, cuando venza el nuevo plazo acordado.

La relación bilateral con China ha atravesado momentos de cooperación y tensión, pero el gigante asiático ha evitado reclamos públicos y ha optado por la negociación. El gobierno argentino considera la renovación del swap como un alivio financiero, aunque reconoce la necesidad de buscar soluciones de fondo para evitar futuros problemas de liquidez. Analistas advierten que, si no se logra una mejora sustancial en la economía y las reservas, será necesario renegociar nuevamente el acuerdo o buscar alternativas de financiamiento internacional.