El femicidio de Patricia Raquel González, de 54 años, ocurrido en el barrio Hipólito Yrigoyen de Posadas, Misiones, ha generado una profunda conmoción en la comunidad y reavivado el debate sobre la respuesta estatal ante la violencia de género. La mujer, empleada municipal, fue asesinada a golpes y puñaladas por su pareja, Luis Roberto Zampedri, de 64 años, quien posteriormente se quitó la vida en el patio de la vivienda familiar.

El trágico episodio tuvo lugar entre las 13:30 y las 16:00 del jueves. Según relataron vecinos y familiares, la hija mayor de la víctima fue quien alertó al Centro de Operaciones 911 tras presenciar el ataque. "Papá, ¿por qué me hiciste esto?", fueron los gritos que, según testigos, se escucharon desde la vivienda, lo que motivó la intervención de varios vecinos que intentaron brindar ayuda.

A pesar de los reiterados llamados al 911 y a la Red de Traslados, los testigos denunciaron demoras de más de 40 minutos en la llegada de la policía y los servicios de emergencia. "Todo el barrio llamó a la Policía. Igual, tardaron más de 40 minutos. Estoy sorprendida realmente", expresó una vecina a la prensa local.

El informe de autopsia confirmó que Patricia intentó defenderse del ataque y presentaba lesiones de larga data, lo que sugiere un historial de violencia. En la escena del crimen se secuestraron un hierro y un cuchillo, presuntamente utilizados por Zampedri para perpetrar el asesinato. Posteriormente, el agresor se suicidó en el patio trasero de la vivienda.

Las investigaciones revelaron que existía una denuncia previa por violencia familiar contra Zampedri, radicada en 2025, que derivó en una orden de exclusión del hogar por 30 días. Sin embargo, la medida no fue renovada y la pareja había retomado la convivencia meses antes del crimen. Vecinos y allegados señalaron que Patricia intentaba disolver la relación, lo que habría incrementado las tensiones en los días previos.

El caso, que constituye el cuarto femicidio en Misiones en menos de seis meses, ha puesto en evidencia las falencias en la protección y asistencia a las víctimas de violencia de género. Las autoridades judiciales y policiales continúan investigando el hecho, mientras la comunidad exige respuestas y mayor eficacia en la prevención de estos crímenes.