Un caso de extrema violencia ocurrido en Funes, Santa Fe, ha generado indignación y preocupación en la comunidad. Dos jóvenes, Bruno B. (23) y Valentín A. (22), fueron acusados de un brutal ataque a un jubilado de 74 años durante un robo en su vivienda el pasado 21 de marzo. La víctima, identificada como Roberto G., fue golpeada, cortada y torturada durante dos horas mientras los agresores exigían dólares que no poseía.

El ataque dejó a Roberto en grave estado, atado de pies y manos, y amordazado. Fue encontrado horas después por un operario de la Empresa Provincial de la Energía, quien escuchó sus gritos de auxilio. Según su hija, Agustina, el hombre quedó en estado de shock postraumático tras el incidente. "Lo arruinaron", declaró, describiendo el nivel de sadismo ejercido por los atacantes.

Los acusados fueron detenidos el 26 de marzo en un operativo policial que incluyó allanamientos en Fisherton y Funes. La Fiscalía presentó pruebas como imágenes de cámaras de seguridad y objetos incautados en los domicilios de los imputados. Sin embargo, la primera audiencia judicial generó controversia, ya que el juez Gonzalo López Quintana dictó apenas 15 días de prisión preventiva, argumentando una presentación deficiente de la Fiscalía.

Esta decisión alarmó a los familiares de la víctima, quienes temían que los acusados fueran liberados y el caso quedara impune. En una nueva audiencia realizada este miércoles, el juez revisó la medida cautelar y decidió extender la prisión preventiva por seis meses. La Fiscalía, representada esta vez por la fiscal Juliana González, formalizó las acusaciones de robo doblemente calificado y privación coactiva de la libertad agravada, entre otros cargos.

Además de los dos principales acusados, un tercer implicado está detenido por haber transportado a los agresores en un vehículo, mientras que una cuarta persona sigue prófuga. La defensa de los imputados argumentó insuficiencia de pruebas, pero el juez respaldó la solicitud de la Fiscalía, indicando que la prisión preventiva podría extenderse automáticamente hasta la audiencia preliminar si se presenta la acusación formal dentro del plazo establecido.

El caso ha puesto en debate la actuación judicial y la seguridad en la región, mientras los familiares de la víctima exigen justicia y una condena ejemplar para los responsables.