El reciente accidente fatal en la Ruta Provincial N° 7 de Centenario, Neuquén, ha generado una profunda conmoción en la comunidad y reabierto el debate sobre la seguridad vial y la respuesta judicial ante conductas reincidentes. El hecho ocurrió el viernes pasado, cuando una conductora cruzó un semáforo en rojo, atropelló y mató a Elizabeth Martínez, una trabajadora de 53 años que circulaba en motocicleta con el paso habilitado. Tras el impacto, la conductora se dio a la fuga y se presentó ante la policía varias horas después.

La investigación judicial reveló que la mujer no tenía habilitación para conducir, y que ya había protagonizado otro accidente grave en junio de 2024, también en la Ruta 7, donde su hijo menor resultó gravemente herido. En ese episodio, la conductora manejaba bajo los efectos del alcohol, sin cinturón de seguridad y con el asiento infantil mal instalado. Pese a la gravedad de los hechos, la Justicia aplicó el criterio de "pena natural", considerando que el daño sufrido por la imputada era suficiente y que una sanción penal resultaría innecesaria.

En el caso actual, la fiscal Guadalupe Inaudi formuló cargos por homicidio culposo agravado, argumentando conducción imprudente, violación de señalización semafórica, fuga y falta de habilitación. El juez Raúl Aufranc impuso medidas cautelares, prohibiendo a la imputada conducir y obligándola a presentarse semanalmente en la comisaría durante seis meses, mientras se desarrolla la investigación.

El accidente ha generado reclamos de familiares y organizaciones sociales, quienes exigen prisión preventiva y una condena firme. Viviana Huichaqueo, referente de Estrellas Amarillas, recordó que la víctima había solicitado un corredor seguro en la zona del accidente, considerada crítica por la alta velocidad y la falta de señalización. La comunidad analiza realizar movilizaciones para exigir mejoras en la seguridad vial.

En paralelo, el padre del menor herido en el accidente de 2024 denunció amenazas en el marco de la disputa por la tenencia del niño, lo que añade complejidad al caso y preocupa a los organismos de protección de derechos. El episodio pone en evidencia la necesidad de revisar los criterios judiciales y fortalecer las políticas de prevención y protección de víctimas en la región.