El inicio del ciclo lectivo 2026 en Argentina está en peligro tras la decisión de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) de convocar a un paro nacional docente para el 2 de marzo. La medida, definida en un congreso extraordinario de la entidad, responde a la falta de convocatoria a la paritaria nacional docente, la restitución de fondos educativos y el reclamo de un aumento salarial que supere la inflación.

El plan de acción incluye movilizaciones, acampes y caravanas en todo el país, con el objetivo de visibilizar la grave situación presupuestaria que atraviesa la educación pública. Sonia Alesso, secretaria general de CTERA, subrayó el impacto de las políticas de ajuste sobre el sector y reafirmó el compromiso histórico del gremio con la defensa de la educación pública, gratuita y de calidad.

Por su parte, los sindicatos educativos de la CGT, encabezados por la Unión Docentes Argentinos (UDA) y la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), advirtieron que "corre riesgo el inicio de clases y se va a profundizar el conflicto si el Gobierno no convoca a paritarias". Destacaron que el salario mínimo docente se encuentra en niveles de indigencia y que la educación sufre el mayor recorte presupuestario en décadas, como consecuencia de la decisión del Estado Nacional de retirarse de sus obligaciones indelegables.

En la provincia de Buenos Aires, el Frente de Unidad Docente Bonaerense, que agrupa a los principales gremios del sector, también se sumó a la huelga, presionando al gobernador Axel Kicillof a días del inicio de clases. El conflicto se agrava por la deuda de 13 billones de pesos que la provincia reclama a la Nación y la caída de la recaudación, lo que limita la capacidad de respuesta del gobierno bonaerense.

El paro docente se da en un contexto de crisis fiscal, reformas laborales y educativas impulsadas por el gobierno nacional, y una creciente demanda de condiciones dignas de trabajo, infraestructura escolar adecuada y defensa de los regímenes jubilatorios docentes. Los gremios insisten en la necesidad de diálogo y soluciones salariales, mientras el gobierno nacional y provincial buscan alternativas para evitar la profundización del conflicto.

La medida afecta directamente a millones de alumnos y familias, quienes ven peligrar el inicio del ciclo lectivo. El desenlace dependerá de las negociaciones en los próximos días, aunque el panorama se presenta complejo y sin una solución inmediata a la vista.