La expresidenta Cristina Kirchner comenzará a cumplir su condena de seis años de prisión por corrupción bajo la modalidad de arresto domiciliario, según dispuso el Tribunal Oral Federal 2 tras la confirmación de la sentencia por parte de la Corte Suprema. La medida, que incluye la colocación de una tobillera electrónica y reglas estrictas de conducta, se llevará a cabo en su departamento de la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución.

El tribunal, integrado por los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, fundamentó la decisión en la edad de la exmandataria, de 72 años, y en la normativa que permite reemplazar la prisión común por la domiciliaria en estos casos. Máximo Kirchner, hijo de la expresidenta, fue designado como garante del cumplimiento de la medida.

Entre las condiciones impuestas, Cristina Kirchner deberá permanecer en su domicilio, abstenerse de conductas que alteren la convivencia vecinal y presentar una nómina de personas autorizadas a visitarla. El monitoreo estará a cargo de la Dirección de Asistencia a Personas Bajo Vigilancia Electrónica, que instalará un sistema de radiofrecuencia en la vivienda para supervisar el cumplimiento de la pena.

El informe socioambiental presentado ante el tribunal determinó que la vivienda es apta para la detención domiciliaria y que la exmandataria vive sola, solventando sus gastos con ahorros tras la suspensión de sus ingresos previsionales. El gobierno porteño, por su parte, advirtió sobre el impacto de la medida en los servicios públicos y el espacio urbano debido a la presencia policial y de manifestantes en la zona.

La defensa de Cristina Kirchner podría apelar la decisión ante instancias superiores, mientras que sectores afines al kirchnerismo consideran excesivo el uso de la tobillera electrónica. "La prisión domiciliaria no es un beneficio absoluto, ya que se sacrifican algunos derechos en virtud de la seguridad", señaló el abogado penalista Christian Poletti. El caso continúa generando repercusiones políticas y sociales, con movilizaciones y visitas de dirigentes a la residencia de la exmandataria.