En un contexto de creciente polarización política, el gobierno de Javier Milei ha intensificado su ofensiva contra los sindicatos y trabajadores, generando una serie de reacciones en el ámbito político y social. Las medidas incluyen el decreto 340/2025, que redefine actividades esenciales y limita el derecho a huelga, y una reforma laboral que flexibiliza las condiciones de trabajo, debilitando los convenios colectivos.

El decreto 340/2025 clasifica actividades como salud, transporte y educación como esenciales, restringiendo el derecho a huelga en estos sectores. Además, establece que una comisión especial determinará qué otras actividades pueden ser consideradas esenciales, lo que ha generado críticas por su posible impacto en los derechos laborales. Por otro lado, la reforma laboral propuesta busca implementar el banco de horas y la polifuncionalidad, modificando los criterios de irrenunciabilidad que protegen los derechos de los trabajadores.

La CGT y otros sindicatos han reaccionado con fuerza, denunciando las medidas como un ataque directo a los derechos laborales y la libertad sindical. Héctor Daer, secretario general de la CGT, confirmó que se están evaluando acciones judiciales y paros sectoriales como respuesta. "No hay clima para un paro general, pero sí para huelgas continuas por áreas", señaló un miembro del consejo directivo de la central obrera.

En el ámbito político, la oposición ha criticado el uso de decretos para evitar el debate legislativo, calificando las medidas como autoritarias. Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica-ARI, acusó al gobierno de desfinanciar instituciones clave y atacar derechos fundamentales. "Hay un silencio que aturde por parte de quienes deberían ser garantes de los valores republicanos", afirmó Ferraro.

El gobierno, por su parte, defiende las reformas como necesarias para la estabilidad económica y el cumplimiento de compromisos internacionales, como los asumidos con el Fondo Monetario Internacional. "Este es el momento de avanzar, si no avanzamos ahora, no avanzamos más", declaró un funcionario del oficialismo.

En el plano internacional, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) podría intervenir, aunque sus decisiones no son vinculantes. La CGT y otros gremios planean llevar sus denuncias a foros internacionales, destacando el impacto negativo de las políticas gubernamentales en sectores vulnerables.

El panorama político y social en Argentina se encuentra en una etapa de alta tensión, con posibles implicaciones a largo plazo para los derechos laborales y la estabilidad económica. Mientras tanto, los sindicatos y la oposición continúan organizándose para enfrentar las medidas del gobierno, en un escenario que promete ser conflictivo en los próximos meses.