La situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner atraviesa horas decisivas tras la confirmación de su condena a seis años de prisión por la Corte Suprema. Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola presentarán este martes su dictamen, en el que se opondrán al pedido de arresto domiciliario solicitado por la defensa de la ex presidenta. El Tribunal Oral Federal N.º 2, a cargo del juez Jorge Gorini, deberá resolver si concede el beneficio de la prisión domiciliaria o ejecuta la detención en la sede de Comodoro Py.

El plazo para que los condenados en la causa Vialidad se presenten voluntariamente ante el tribunal vence este miércoles. Cristina Kirchner anunció que concurrirá ese día a Comodoro Py, mientras que organizaciones políticas y sindicales han convocado a una masiva movilización en su apoyo. La defensa de la ex mandataria argumenta motivos de edad, su historial institucional y el intento de magnicidio sufrido en 2022 para solicitar la prisión domiciliaria, sin tobillera electrónica.

El gobierno nacional, por su parte, busca evitar una escalada de tensión y ha sugerido que la notificación podría realizarse por Zoom, con el objetivo de reducir el impacto de la marcha y prevenir posibles disturbios. El Ministerio de Seguridad y la Policía de la Ciudad han reforzado la seguridad en la zona de Comodoro Py ante la expectativa de una multitudinaria concentración.

La decisión final sobre la modalidad de detención recaerá en el juez Gorini, quien deberá considerar tanto el dictamen de los fiscales como los argumentos de la defensa. El caso ha generado un intenso debate público, con opiniones divididas entre quienes consideran la condena como un acto de justicia y quienes la interpretan como persecución política. El desenlace de este proceso tendrá profundas implicancias institucionales y sociales, en un contexto de alta polarización y movilización ciudadana.