El presidente argentino Javier Milei fue señalado en una demanda colectiva presentada en Nueva York por su presunta participación en la promoción de la criptomoneda $LIBRA, que colapsó poco después de su lanzamiento y generó pérdidas millonarias a miles de inversores. Según los documentos judiciales, los demandantes acusan a Milei de haber emitido una "declaración promocional altamente engañosa" a través de la red social X, lo que habría dado una falsa apariencia de legitimidad y respaldo gubernamental al token.

La demanda, impulsada por inversores afectados y representada por los abogados Max Burwick y Margaret Hoppin, solicita a la jueza federal Jennifer Rochon que mantenga congelados más de 57 millones de dólares depositados en billeteras virtuales vinculadas al empresario estadounidense Hayden Davis, principal acusado en la causa. Los letrados argumentan que la conducta de los involucrados, incluyendo la promoción pública y movimientos de fondos, representa un riesgo de daño irreparable para los inversores.

El escrito presentado ante la corte destaca que, aunque Milei no figura formalmente como demandado, su rol es considerado central por los demandantes, quienes sostienen que su investidura presidencial fue utilizada para legitimar el proyecto. "La propia conducta de los acusados —lavar el dinero a través de múltiples billeteras, amenazar con enviar activos a Argentina, llamar explícitamente a los fondos congelados su ‘apalancamiento’ para negociar y ofuscar deliberadamente cualquier posibilidad de controlar la operatoria— demuestra el riesgo inminente de un daño irreparable si no se obtiene una medida cautelar", señala el documento.

Por su parte, la defensa de Davis sostiene que $LIBRA era una memecoin sin valor intrínseco ni garantías, y que nunca se presentó como una inversión productiva. Además, Davis busca trasladar la causa fuera de Nueva York, argumentando falta de jurisdicción y proponiendo alternativas como Argentina o Texas.

El caso ha generado repercusiones tanto en Estados Unidos como en Argentina, donde se investiga el destino de fondos y posibles vínculos con funcionarios. Si bien no existen implicancias legales inmediatas para Milei, expertos advierten que, de prosperar la demanda, podrían ampliarse los reclamos contra el presidente o incluso el Estado argentino. La próxima audiencia clave está prevista para el 19 de agosto, cuando la jueza Rochon decidirá sobre el futuro de los fondos congelados y la jurisdicción del caso.