Un grave episodio de violencia escolar y social conmocionó a Mar del Plata esta semana, tras la denuncia de presunto abuso por parte de un niño de 10 años a dos compañeras en la Escuela Primaria N°21 del barrio Jorge Newbery. La situación escaló rápidamente cuando padres y vecinos, indignados por la acusación, atacaron el edificio escolar, agredieron a policías y, posteriormente, incendiaron la vivienda del menor acusado, donde residía junto a su madre y dos hermanas. La familia logró escapar, pero perdió todas sus pertenencias y su mascota falleció en el siniestro.

La madre del niño, Nélida, relató entre lágrimas: “Me prendieron fuego la casa y me dejaron en la calle por algo que no sé si pasó. Espero que la Justicia haga justicia y me diga realmente lo que pasó”. Según su testimonio, el niño había sido objeto de bullying y problemas de conducta previos, por lo que la familia buscaba ayuda psicológica y médica. “Yo tampoco defiendo al indefendible. Si él hizo algo, quiero saberlo. Yo le enseño lo que está bien y lo que está mal, pero no sé qué pensar”, expresó.

El episodio generó un paro docente de 24 horas y movilizaciones en todo el distrito de General Pueyrredón, con el apoyo de sindicatos y autoridades educativas que exigieron medidas de protección y condenaron la violencia. Docentes y directivos debieron refugiar a los alumnos y salir escoltados por Gendarmería, mientras la escuela permanece con custodia policial tras los daños materiales sufridos.

Especialistas en convivencia escolar y psicopedagogía advirtieron sobre el peligro de la criminalización de la infancia y la exposición mediática de los menores involucrados. “El abordaje debe ser educativo, tutelar y terapéutico, no punitivo”, señaló Alejandro Castro Santander, director del Observatorio de la Convivencia Escolar de la UCA. La senadora provincial electa Fernanda Raverta criticó la ausencia estatal y la falta de profesionales de salud mental, subrayando que “cuando el Estado se retira, los conflictos se vuelven más crueles”.

El caso expone una crisis de confianza en las instituciones y la desintegración familiar, según expertos, quienes llaman a evitar la estigmatización y a priorizar la reparación sobre el castigo. La justicia investiga tanto el presunto abuso como el ataque a la vivienda, mientras la comunidad educativa y social debate el rol de la familia, la escuela y la sociedad frente a conflictos infantiles. El episodio se suma a otros hechos recientes de violencia escolar en la región, evidenciando la necesidad de un abordaje integral y comunitario para prevenir futuros estallidos.