El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, enfrenta una fuerte polémica tras confirmarse que su esposa, Bettina Angeletti, viajó en el avión presidencial junto al presidente Javier Milei a Nueva York durante la "Argentina Week". El hecho, admitido por el propio funcionario en entrevistas y declaraciones públicas, desató críticas de la oposición y abrió investigaciones judiciales por el presunto uso indebido de bienes públicos.

Adorni explicó que su esposa había pagado un pasaje de más de 5.000 dólares, pero que, debido a un cambio de agenda, fue invitada a sumarse a la comitiva oficial. "No creo que me vuelva a acompañar", reconoció el jefe de Gabinete, quien calificó el episodio como "el momento más difícil de una vida política" y admitió que su explicación inicial fue "desafortunada". En su defensa, sostuvo que la presencia de Angeletti no implicó gastos adicionales para el Estado y atribuyó la controversia a "ataques" y "operaciones" políticas en un contexto de fuerte polarización.

El presidente Milei respaldó públicamente a Adorni, argumentando en redes sociales que "no hubo costo marginal" para el Estado. Sin embargo, la oposición presentó pedidos de informes y al menos cuatro denuncias penales, incluyendo acusaciones de peculado, defraudación e incumplimiento de deberes de funcionario público. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas también inició una investigación de oficio para determinar si hubo irregularidades.

El caso se agravó con la aparición de denuncias sobre un viaje privado de Adorni a Punta del Este y supuestas inconsistencias en su declaración patrimonial. El funcionario defendió que el viaje a Uruguay fue pagado con fondos propios y negó cualquier uso indebido de recursos públicos. Además, desmintió la veracidad de una imagen viralizada en redes sociales que lo mostraba junto a su esposa en una tienda de lujo en Nueva York, confirmando que se trataba de una foto generada por inteligencia artificial.

El uso de la flota presidencial para fines personales ha sido motivo de controversia en gobiernos anteriores, y la ley argentina prohíbe expresamente el uso de bienes del Estado para beneficio propio o de familiares. El episodio reavivó el debate sobre la ética en la función pública y la transparencia en el manejo de recursos estatales, en un clima de alta sensibilidad política y social.