El Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la Unidad de Información Financiera (UIF) llevan adelante una investigación sobre la compra de dólares oficiales por al menos US$1400 millones durante los últimos dos años del gobierno de Alberto Fernández, en pleno cepo cambiario. La pesquisa, que involucra a nueve bancos, 90 casas de cambio y unas 200 personas, apunta a posibles delitos financieros que van desde infracciones cambiarias hasta lavado de activos, y podría destapar una red de conexiones entre entidades financieras y dirigentes políticos.

Según fuentes judiciales y del sistema financiero, el 85% de las operaciones bajo análisis no están vinculadas a importaciones, sino a compras de dólares para tenencia o pago de préstamos y depósitos de ahorristas. Estas transacciones se realizaban a través de la llamada "mesa del Banco Central", bajo la dirección de Carlos Fabián Sgarbi. Durante el período investigado, la economía argentina enfrentaba una severa escasez de insumos y una deuda por importaciones que alcanzó los US$45.000 millones, mientras que sectores como la salud y el espectáculo sufrían restricciones para acceder a divisas.

El BCRA analiza presentarse como querellante en una causa judicial que tramita en el juzgado de María Romilda Servini, iniciada en noviembre de 2024 tras una denuncia de la UIF. Sin embargo, la UIF perdió la facultad de ser querellante por un decreto del actual gobierno, lo que ralentizó el avance de la investigación y provocó la renuncia de su titular, Ignacio Yacobucci.

El fiscal Carlos Stornelli solicitó información sobre empresas y 13 personas clave, entre ellas Elías Piccirillo, Juan Ignacio Agra, Ariel Vallejos y dirigentes del Frente Renovador, quienes aparecen vinculados a casas de cambio como Mega Latina, Sur Finanzas y Karuna Group. Las conexiones incluyen relaciones societarias, familiares y laborales, lo que refuerza la hipótesis de una posible "asociación ilícita".

Miguel Pesce, expresidente del BCRA, defendió la gestión de la entidad, asegurando que se cerraron 136 operadores de cambio y se implementaron nuevas regulaciones para controlar el mercado. "No hay que olvidar que el gobierno de Macri había desregulado el sector y con eso abrieron 200 operadores nuevos", afirmó Pesce, quien también destacó la importancia de mantener la trazabilidad de las operaciones.

La investigación, que avanzó con allanamientos pero sin filtraciones públicas, podría ser la punta de lanza de causas mayores por lavado de dinero, conectadas a Sur Finanzas, la AFA y la Agencia por Discapacidad. El caso pone en evidencia la sensibilidad del sistema financiero argentino y la necesidad de fortalecer los controles en un contexto de alta volatilidad económica.