El decreto 273/2025, que elimina el Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU), ha generado una fuerte polémica en Argentina. La medida, que permite la importación de maquinaria agrícola usada, ha sido defendida por el gobierno como un paso hacia la apertura económica, pero ha recibido críticas contundentes de sectores industriales y agrícolas.

La Asociación de Fábricas Argentinas de Tractores (AFAT) expresó su "profunda preocupación" por la medida, calificándola de "devastadora" para la industria local. Según AFAT, la importación de maquinaria usada introduce una competencia desleal, ya que estos equipos suelen ser obsoletos y provienen de economías subsidiadas. Además, señalaron que más del 70% de las cosechadoras y el 80% de los tractores en Argentina tienen más de 10 años de antigüedad, lo que podría empeorar con esta política.

En la misma línea, la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE) advirtió que la eliminación del CIBU pone en riesgo la trazabilidad y seguridad de los equipos importados, además de afectar la competitividad de los polos productivos regionales. Santa Fe y Córdoba, principales provincias productoras de maquinaria agrícola, han sido especialmente críticas, destacando el impacto negativo en sus economías locales y en los más de 50.000 empleos que genera el sector.

Por su parte, el gobierno, a través del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió la medida como una forma de reducir costos y fomentar la reactivación económica. "No permitir que los trabajadores accedan a máquinas y equipos a menor precio es, sencillamente, cruel", afirmó el funcionario.

Sin embargo, los críticos argumentan que la medida podría tener consecuencias graves para la industria nacional. Según AFAT, la introducción irrestricta de maquinaria usada no solo afecta la producción local, sino que también pone en riesgo la sustentabilidad ambiental, la sanidad fitosanitaria y la seguridad operativa de los trabajadores rurales. Además, se advierte sobre posibles riesgos fitosanitarios, como la introducción de plagas y enfermedades a través de equipos importados sin controles adecuados.

El decreto también ha reavivado el debate sobre la competitividad industrial en Argentina. Factores como la alta presión impositiva, los costos laborales elevados y la falta de financiamiento han sido señalados como obstáculos para el desarrollo del sector. En este contexto, las asociaciones industriales han solicitado al gobierno una revisión urgente de la medida y la implementación de políticas que promuevan un crecimiento sostenido y equilibrado.

En conclusión, la eliminación del CIBU ha puesto en evidencia las tensiones entre la necesidad de apertura económica y la protección de la industria local. Mientras el gobierno busca avanzar en su agenda de desregulación, los sectores afectados exigen medidas que garanticen una competencia justa y el desarrollo sostenible de la economía nacional.