La provincia de Buenos Aires atraviesa una etapa de alta tensión política y económica tras la aprobación legislativa de un pedido de endeudamiento por parte del gobernador Axel Kicillof. El monto, que asciende a US$ 3.685 millones, fue sancionado en la Legislatura bonaerense gracias a intensas negociaciones y el apoyo parcial del PRO, mientras que La Libertad Avanza se opuso, denunciando falta de transparencia y discrecionalidad en el uso de los fondos.

El presidente Javier Milei tiene ahora la potestad de autorizar o vetar la operación, en un contexto de fuertes cruces entre Nación y Provincia. El Gobierno nacional, a través del ministro de Economía Luis Caputo, argumenta que la administración bonaerense no cumple con la ley de responsabilidad fiscal, señalando un incremento del 2,1% real en el gasto corriente durante el primer semestre del año. Caputo advirtió que, bajo estas condiciones, la autorización para tomar nueva deuda podría no ser concedida.

Por su parte, Kicillof sostiene que el financiamiento solicitado es esencial para refinanciar compromisos previos y garantizar el funcionamiento normal de la provincia, negando que se trate de una herramienta para cubrir déficit. “Quiero ser claro: esta deuda no tiene como objetivo financiar el déficit. Es una herramienta esencial para el refinanciamiento de compromisos ya contraídos y para asegurar el funcionamiento normal de la Provincia”, afirmó el gobernador.

La polémica se intensificó por supuestos acuerdos de cargos en el Banco Provincia, que habrían facilitado el apoyo del PRO a parte del proyecto. Legisladores de La Libertad Avanza y el PRO se cruzaron públicamente, acusándose de negociaciones poco claras y de priorizar intereses partidarios sobre la transparencia institucional.

El caso bonaerense se da en un contexto donde otras provincias, como la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, recibieron autorización nacional para endeudarse, pese a registrar aumentos de gasto similares. Sin embargo, la relación entre Milei y Kicillof es especialmente tensa, marcada por diferencias políticas y la negativa del gobernador a firmar el Pacto de Mayo.

La decisión final del Gobierno nacional será determinante para el futuro financiero de la provincia. Una negativa podría dejar a Buenos Aires en una situación de default, con consecuencias para la administración local y el presupuesto nacional. Mientras tanto, se esperan negociaciones clave en los próximos días, en un escenario que podría redefinir el equilibrio político y económico entre Nación y Provincia.