La confrontación entre el presidente Javier Milei y Claudio "Chiqui" Tapia, titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), ha escalado en los últimos días, situando al fútbol en el centro de la agenda política nacional. Milei ha acusado públicamente a Tapia de "destruir el fútbol argentino" y ha respaldado investigaciones judiciales sobre supuestas irregularidades en la gestión de la AFA, enfatizando que "el que las hace, las paga" y que su gobierno no brindará protección política a los dirigentes deportivos.

En una reciente entrevista televisiva, Milei remarcó que la Justicia debe actuar con independencia y que los organismos de control, como la Inspección General de Justicia (IGJ) y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), deben exigir transparencia a todas las entidades, incluidas las deportivas. "No pueden pretender estar fuera de la ley", afirmó el mandatario, diferenciando la autonomía deportiva de la responsabilidad penal.

El conflicto se produce en un contexto de tensiones políticas más amplias. El Gobierno enfrenta acusaciones de traición por parte del PRO, tras la designación de representantes en la Auditoría General de la Nación sin incluir a un delegado del partido de Mauricio Macri. Mientras tanto, la discusión sobre la privatización de los clubes, a través de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), ha resurgido con fuerza. Milei y sectores del PRO impulsan este modelo, que cuenta con el apoyo parcial de dirigentes como Juan Sebastián Verón, pero enfrenta la resistencia de la mayoría de los clubes y de la dirigencia tradicional.

Desde la AFA, Tapia y sus aliados denuncian una persecución política y defienden la autonomía del fútbol argentino, mientras que la FIFA observa el proceso con atención, advirtiendo sobre los riesgos de injerencia política. El debate sobre las SAD y la investigación judicial a la AFA se inscriben en una disputa más amplia sobre el modelo de gestión del deporte y el rol de lo público en la sociedad argentina.

La confrontación entre Milei y Tapia refleja, en última instancia, la persistente tensión entre proyectos políticos y económicos opuestos, y anticipa un 2026 marcado por la puja por el control institucional y simbólico del fútbol y otros espacios de poder.