La Clínica San Juan Bautista, situada en la localidad de Libertad, partido de Merlo, fue clausurada preventivamente por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires tras comprobarse que arrojaba residuos patogénicos peligrosos a la vía pública, mezclados con basura común. La medida, que no implica el cierre total del establecimiento debido a la presencia de pacientes internados, fue tomada luego de reiteradas denuncias de vecinos que alertaron sobre la presencia de gasas, guantes con sangre, jeringas, sondas y medicamentos entre los residuos domiciliarios.

La investigación fue impulsada por la Unidad Funcional de Instrucción N°6, a cargo del fiscal Fernando Siquier Rodríguez, y el allanamiento fue autorizado por el Juzgado de Garantías N°4 de Morón. Durante el operativo, la Policía Ecológica y Científica halló 55 bolsas negras en la vereda trasera de la clínica, de las cuales 32 contenían residuos patogénicos tipo B, considerados peligrosos para la salud y el ambiente. Los materiales secuestrados no contaban con el manifiesto de retiro obligatorio ni habían sido gestionados por un transporte habilitado para su disposición final, en infracción a la Ley Nacional 24.051 y la Ley Provincial 11.720.

Fuentes de la investigación advirtieron que la disposición inadecuada de estos residuos representa un grave riesgo ambiental y sanitario. Por este motivo, el Ministerio de Salud dispuso la clausura preventiva y exigió a la clínica la presentación de documentación que acredite el tratamiento adecuado de los desechos, así como la contratación de servicios habilitados para su retiro y disposición final. Además, durante el allanamiento fueron identificados los responsables administrativos, médicos y directivos, quienes podrían enfrentar responsabilidades penales si se comprueba una gestión dolosa o negligente de los residuos.

El caso se suma a otros episodios similares registrados en el país, donde la gestión de residuos patogénicos ha sido motivo de preocupación y sanciones, especialmente durante la pandemia. Las autoridades subrayan la importancia de cumplir con la normativa vigente para proteger la salud pública y el ambiente, y advierten que la clínica deberá regularizar su situación para evitar el cierre definitivo y eventuales sanciones judiciales.