La reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei obtuvo media sanción en el Senado argentino, abriendo un debate sobre sus posibles efectos en el mercado de trabajo y los derechos de los empleados. El proyecto, que busca modernizar una legislación considerada obsoleta, introduce cambios significativos en la contratación, indemnización y condiciones laborales.

Entre las principales medidas, se destaca la reducción de contribuciones patronales y la creación de incentivos para la formalización laboral. El período de prueba para nuevos empleados se amplía de tres a seis meses, permitiendo despidos sin indemnización durante ese lapso. Además, el cálculo de indemnizaciones se modifica, excluyendo el aguinaldo y otros adicionales, y se crea un fondo de cese laboral financiado por aportes mensuales de las empresas. Para incentivar la adhesión a este fondo, el gobierno propone una reducción del 3% en las contribuciones jubilatorias, lo que genera preocupación sobre el impacto en futuras jubilaciones.

La reforma también limita el derecho de huelga en actividades consideradas "de importancia trascendental", exigiendo una cobertura mínima del 50% durante paros. Esta disposición abarca sectores como la industria alimenticia, bancaria, comercio electrónico, construcción, radio y televisión, entre otros.

Julián De Diego, abogado laboralista, calificó la iniciativa como "positiva" por la necesidad de actualizar la legislación, pero advirtió que "muchas de las modificaciones van a traer conflictos". De Diego señaló que la reducción de licencias por enfermedad altera el régimen vigente, permitiendo el pago de solo el 50% o 75% del salario según la gravedad del caso. Además, destacó que el banco de horas requiere la conformidad del trabajador y la aprobación del Ministerio de Trabajo.

Críticos de la reforma sostienen que las medidas benefician principalmente a grandes empresas, mientras que la informalidad laboral se concentra en micro y pequeñas empresas. También advierten que la transferencia de recursos desde el Estado y los trabajadores hacia las empresas podría profundizar la desigualdad. Abogados laboralistas opositores preparan acciones judiciales para frenar los artículos más polémicos, argumentando que la reforma podría vulnerar derechos protegidos por la Constitución y tratados internacionales.

El debate se desarrolla en un contexto de estancamiento económico y alta informalidad laboral, con la tasa de desocupación estable pero sin creación de empleo registrado genuino. El proyecto deberá ser debatido en la Cámara de Diputados, donde se espera que continúen las discusiones sobre su alcance y consecuencias. El futuro de la reforma dependerá de su compatibilidad con el marco legal nacional e internacional, y de su capacidad para equilibrar la modernización del mercado laboral con la protección de los derechos de los trabajadores.