El periodista Hugo Alconada Mon, reconocido por sus investigaciones en temas de corrupción y espionaje, denunció haber sido víctima de un ataque cibernético y amenazas tras la publicación de un informe sobre el Plan de Inteligencia Nacional aprobado por la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Según el informe, este plan permitiría monitorear a periodistas, economistas y otras figuras públicas que puedan influir en la opinión pública o erosionar la confianza en el Gobierno.

El ataque incluyó diez intentos de hackeo a su cuenta de WhatsApp, un intento de acceso a su cuenta en la red social X, y el registro de su nombre en sitios pornográficos. Además, Alconada Mon recibió insultos y amenazas desde al menos cuatro números telefónicos diferentes. Los intentos de hackeo comenzaron con un mensaje sospechoso desde un número registrado en Nueva York, que incluía un código de verificación para tomar control de su cuenta de WhatsApp.

En respuesta a las denuncias, el Gobierno emitió un comunicado negando las acusaciones y calificando las publicaciones como "versiones periodísticas". "Este es el primer gobierno en décadas que ha tomado la decisión política de no utilizar la SIDE para perseguir opositores, periodistas o adversarios políticos", afirmó el comunicado. Sin embargo, el periodista reafirmó la veracidad de su informe y señaló que el ataque ocurrió horas después de su publicación.

El Plan de Inteligencia Nacional, según el informe de Alconada Mon, incluye el monitoreo de quienes "manipulen la opinión pública" o "erosionen la confianza" en los funcionarios del Gobierno. Este plan ha generado controversia, especialmente por el aumento significativo en el presupuesto de la SIDE, que incluye fondos reservados.

Expertos y exfuncionarios, como Miguel Ángel Toma, señalaron que el uso de la inteligencia para fines persecutorios sería ilegal. "La inteligencia no está para eso", afirmó Toma, quien también destacó la necesidad de un control efectivo sobre los fondos reservados de la SIDE.

La comunidad periodística y organizaciones de derechos humanos han expresado preocupación por la seguridad y libertad de prensa en el país. Este caso se suma a un clima de tensión creciente en torno a las prácticas de los servicios de inteligencia y su impacto en la democracia y la libertad de expresión.