El Gobierno nacional enviará esta semana al Congreso un megaproyecto de ley que busca desregular el mercado inmobiliario, en el marco de una serie de reformas económicas impulsadas por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. La iniciativa apunta a eliminar la colegiación obligatoria, los honorarios mínimos y la exigencia de título universitario para ejercer el corretaje inmobiliario, transformando la actividad de una profesión liberal a un servicio de intermediación comercial.

Según fuentes oficiales, el proyecto también contempla la eliminación de restricciones geográficas y sanciones por ejercicio sin matrícula, con el objetivo de reducir los costos de construcción y facilitar el acceso a la vivienda. "El problema no es la existencia de los colegios en sí, sino cuando usan el poder del Estado para fijar condiciones que no responden al mercado", afirmó Sturzenegger durante un evento en la Universidad Católica Argentina, donde calificó como "una aberración social" que los colegios profesionales fijen precios mínimos.

El paquete de reformas, que incluye cambios en el mercado de capitales y la ley "Inocencia Fiscal II" para captar ahorro informal, será presentado antes del receso invernal para acelerar su tratamiento legislativo. El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó la importancia de movilizar los fondos informales para financiar proyectos de infraestructura y pymes, estimando que existen USD 170.000 millones fuera del sistema financiero.

La propuesta generó preocupación en el sector inmobiliario, especialmente entre los colegios profesionales, que temen la pérdida de regulación y beneficios asociados a la colegiación. Autoridades del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Buenos Aires mantuvieron reuniones con figuras políticas, como Sergio Massa, para buscar respaldo ante los cambios.

El Gobierno sostiene que la desregulación permitirá mayor competencia, transparencia y dinamismo en el mercado inmobiliario, mientras que los detractores advierten sobre posibles riesgos en la calidad y control de la actividad. El debate se anticipa intenso en el Congreso, en un contexto de reformas estructurales que buscan modificar el marco regulatorio vigente desde 2003.