El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires llevó a cabo en los últimos días una serie de operativos para recuperar dos propiedades usurpadas en el barrio de Palermo, tras décadas de ocupación ilegal y reiteradas denuncias de vecinos por hechos de inseguridad y abandono. Los procedimientos, supervisados por el jefe de Gabinete Gabriel Sánchez Zinny y ejecutados por la Policía de la Ciudad junto a personal de Emergencias y Bomberos, se centraron en la llamada "casa violeta" ubicada en Guatemala 5427, ocupada por extranjeros de origen boliviano y peruano durante treinta años, y un edificio de tres pisos en Honduras 5648, frente al canal América, usurpado desde 2013.

La intervención en la "casa violeta" respondió a denuncias por robos en la vía pública y a un juicio de desalojo iniciado en 2014. El inmueble había sido clausurado en noviembre pasado. En el caso del edificio de Honduras 5648, la propietaria relató que la ocupación se produjo durante un fin de semana largo de Pascuas en 2013, generando problemas administrativos y deudas con la empresa AySA. Tras el desalojo, la dueña celebró la noticia en redes sociales, mientras que el jefe de Gobierno, Jorge Macri, destacó: "El orden también es respeto por el esfuerzo de toda una vida".

Durante la actual gestión, el gobierno porteño afirma haber recuperado 579 viviendas, en el marco de políticas orientadas a garantizar el respeto por la propiedad privada, mejorar el orden público y reforzar la seguridad barrial. Entre los inmuebles restituidos se encuentran edificios emblemáticos como la Casa Blaquier, el "Elefante Blanco" de Belgrano, la "Galería del Terror" de Nueva Pompeya, la Casona de Costanera Sur y sectores del Mercado de Bonpland.

La postura oficial sostiene que "en Buenos Aires se había naturalizado convivir con propiedades usurpadas" y que "la época de la resignación y la tibieza se terminó". Jorge Macri enfatizó: "Nuestra postura es clara: hacer cumplir la ley. No vamos a permitir que la Ciudad se transforme en el Conurbano". Sin embargo, organizaciones sociales y sectores de la oposición advierten sobre el impacto social de los desalojos y la falta de alternativas habitacionales para quienes ocupaban o utilizaban los espacios para actividades culturales y sociales.

El enfoque de la gestión busca consolidar una imagen de firmeza en materia de seguridad y orden público, diferenciándose de administraciones anteriores y alineándose con el discurso nacional. El debate sobre las usurpaciones y los desalojos continúa, con posturas encontradas entre la defensa de la propiedad privada y la necesidad de políticas integrales para abordar la vulnerabilidad social en la ciudad.