El presidente Javier Milei se pronunció públicamente tras la confirmación de la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la ex presidenta Cristina Kirchner. En una entrevista televisiva, Milei calificó de "disparate" y "aberrante" la posibilidad de un indulto presidencial, subrayando que su gobierno respeta la independencia del Poder Judicial y que no tiene intención alguna de intervenir en el caso. "Nuestro lema de campaña es 'el que las hace, las paga'", afirmó el mandatario, quien consideró que la condena representa una "lección de republicanismo" y un hito en la historia institucional argentina.

La Corte Suprema ratificó la condena por corrupción contra Cristina Kirchner, lo que derivó en la implementación de una pena de prisión domiciliaria y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El Tribunal Oral Federal 2 estableció criterios estrictos para la prisión domiciliaria, restringiendo visitas y el contacto con la vía pública. La defensa de la ex presidenta presentó recursos, pero la Justicia mantuvo su decisión.

La reacción social no se hizo esperar: una masiva movilización en Plaza de Mayo reunió a seguidores de Cristina Kirchner en señal de apoyo. Milei interpretó la marcha como un "partido homenaje" y un acto de despedida, mientras que sectores afines a la ex mandataria denunciaron persecución política. El presidente, por su parte, criticó a los manifestantes y a la gestión de Kirchner, acusando a su gobierno de haber "descapitalizado la economía" y de haber otorgado jubilaciones sin aportes, lo que, según él, "rompió el sistema".

En el plano económico, Milei defendió su gestión ante cuestionamientos sobre el consumo y el desempleo, asegurando que el tipo de cambio es libre y que su administración trabaja para revertir los problemas heredados. Además, reiteró su compromiso con la independencia judicial y la necesidad de reformas estructurales.

El caso de Cristina Kirchner y la postura de Milei reflejan la profunda polarización política en Argentina. Mientras el oficialismo celebra la condena como un avance institucional, la oposición y parte de la sociedad civil debaten su legitimidad y consecuencias. El desenlace de este proceso judicial y las respuestas del gobierno seguirán marcando la agenda política en los próximos meses.