El caso del padre Julio César Grassi continúa resonando en la sociedad argentina a más de veinte años de la denuncia que lo llevó a prisión. En 2002, Oscar Aguirre, entonces un joven de 19 años, denunció haber sido abusado sexualmente por Grassi cuando tenía 12, mientras residía en la Fundación Felices los Niños. La investigación periodística de Telenoche Investiga fue determinante para que el caso saliera a la luz, generando un impacto mediático y social sin precedentes.

La emisión televisiva, que alcanzó picos históricos de audiencia, no solo expuso la denuncia sino que también desencadenó una investigación judicial que culminó, tras años de apelaciones y recursos, con la condena de Grassi a 15 años de prisión en 2013. El testimonio de Aguirre, protegido bajo el seudónimo "Gabriel" durante años, fue el único que se mantuvo firme y resultó decisivo para la condena. Durante el proceso, Aguirre enfrentó amenazas, persecuciones y el aislamiento propio del programa de testigos protegidos, mientras la defensa de Grassi intentaba desacreditarlo y alegaba extorsión sin pruebas.

El caso reveló la existencia de una red de protección en torno a Grassi, quien contaba con el respaldo de figuras públicas, empresarios, políticos y sectores de la Iglesia. El Arzobispado de Buenos Aires, entonces liderado por Jorge Bergoglio, financió parte de la defensa legal del sacerdote. Paralelamente, la Fundación Felices los Niños fue cuestionada por el uso de fondos estatales y la cantidad real de niños asistidos.

La publicación reciente del libro "Abusado por Grassi. La hora de romper el silencio" permitió a Aguirre contar su historia en primera persona, visibilizando el calvario vivido tras la denuncia y el largo camino hacia la justicia. El periodismo de investigación fue clave para romper el silencio y dar voz a las víctimas, en un contexto global de denuncias de abusos eclesiásticos.

Actualmente, Grassi permanece detenido tras la denegación de su pedido de libertad condicional en 2024. El caso sigue siendo un símbolo de la lucha contra el abuso infantil y la impunidad, y plantea interrogantes sobre el rol de las instituciones en la protección de los más vulnerables.