Un trágico derrumbe en el edificio María Reina V, ubicado en el boulevard San Juan de Córdoba, ha dejado un saldo de un fallecido y siete heridos, además de importantes consecuencias para la comunidad y las autoridades locales. La víctima fatal fue identificada como Ramiro Alaniz Cortés, de 34 años, mientras que los heridos están siendo atendidos y se encuentran fuera de peligro.

El incidente, que ocurrió hace una semana, ha llevado a la Municipalidad de Córdoba a cerrar el boulevard San Juan entre las calles Arturo M. Bas y Corro, en ambas direcciones, como medida preventiva. La fiscal María Celeste Blasco, a cargo de la investigación, solicitó estas medidas para garantizar la seguridad de los transeúntes y conductores. Además, se han implementado desvíos de tránsito y modificaciones en los semáforos para mitigar el impacto en la circulación vehicular.

El edificio María Reina V, señalado por fallas estructurales desde hace más de una década, colapsó parcialmente, afectando un hostel y bar en su planta baja. Esto dejó a empleados sin trabajo y a residentes evacuados por el riesgo estructural. La Municipalidad y el consorcio del edificio están trabajando en un plan de demolición, que aún está pendiente de aprobación por parte de las autoridades competentes.

En respuesta a la tragedia, el concejal Ricardo Moreno presentó un proyecto de ordenanza que busca implementar inspecciones estructurales obligatorias cada 10 años para edificios de más de 30 años. Según el Colegio de Ingenieros Civiles de Córdoba, el 35% de estos edificios presenta fallas estructurales, lo que subraya la necesidad de medidas preventivas.

Vecinos y damnificados han iniciado acciones legales contra los responsables del edificio, mientras que la Universidad Nacional de Córdoba podría colaborar en la elaboración de protocolos técnicos para inspecciones futuras. La Secretaría de Obras Públicas Municipal será la autoridad encargada de aplicar la nueva normativa, en caso de ser aprobada.

Este incidente ha reavivado el debate sobre la seguridad edilicia en Córdoba, destacando la falta de inspecciones regulares y la necesidad de una normativa más estricta. Las autoridades locales aseguran que actuarán con urgencia una vez que la Fiscalía autorice las demoliciones, mientras que los afectados exigen justicia y medidas concretas para evitar tragedias similares en el futuro.