La reciente polémica por el viaje del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa en el avión presidencial a Nueva York ha generado un fuerte debate político y judicial en Argentina. El viaje, realizado en el marco del evento "Argentina Week 2026", incluyó a la esposa de Adorni, Bettina Angeletti, en la comitiva oficial, lo que motivó denuncias por presunta malversación de fondos públicos y enriquecimiento ilícito.

La fiscal federal Alejandra Mángano solicitó a la Secretaría General de la Presidencia la lista de pasajeros y la normativa vigente sobre el uso del avión presidencial. Según fuentes oficiales, el Gobierno argumenta que la normativa permite al presidente invitar a quien considere necesario en la comitiva, y que no hubo costo adicional para el Estado. Adorni, por su parte, explicó que su esposa había pagado un pasaje de más de 5.000 dólares, pero que fue incorporada a la comitiva por un cambio de agenda.

La diputada Marcela Pagano, disidente de La Libertad Avanza, presentó una denuncia penal señalando que la inclusión de la esposa de Adorni contradice una reciente reforma impulsada por la Jefatura de Gabinete, que limita estrictamente la composición de las comitivas oficiales. Además, el abogado Gregorio Dalbón presentó otra denuncia por el mismo motivo. Paralelamente, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) abrió un expediente preliminar para investigar tanto el viaje a Nueva York como otro viaje de Adorni a Punta del Este en un avión privado.

El presidente Javier Milei y otros funcionarios defendieron públicamente a Adorni, asegurando que el viaje no implicó gastos adicionales para el Estado y criticando la cobertura mediática del caso. "No les costó un centavo a los argentinos, lo banco a muerte", afirmó el ministro de Economía, Luis Caputo. Milei, por su parte, utilizó sus redes sociales para respaldar a Adorni y cuestionar a quienes critican la gestión.

El caso se produce en un contexto de creciente sensibilidad social respecto al uso de recursos públicos y la transparencia en la función pública. La Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública establece que los funcionarios deben abstenerse de utilizar bienes estatales para beneficio propio o de familiares. La investigación judicial y administrativa determinará si hubo o no irregularidades en el accionar de Adorni y su entorno.