Las denuncias de corrupción en el PAMI han vuelto a ocupar el centro de la escena política argentina, especialmente tras la difusión de audios que involucran a Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad. En La Plata, Viviana Aguirre, ex titular del PAMI local y diputada suplente de La Libertad Avanza, presentó una denuncia ante la Justicia Federal y la Oficina Anticorrupción, en la que asegura que fue desplazada de su cargo por negarse a participar en un esquema de recaudación ilegal.

Aguirre relató que le exigieron entregar hasta un millón de pesos mensuales de su sueldo y firmar papeles ilegales, y que recibió amenazas tras negarse a colaborar. "El Presidente sabe todo y no hace nada. Tenemos a un Presidente que es un estafador internacional y a Karina Milei, que es una cajera sin escrúpulos", afirmó en declaraciones públicas. Según la ex funcionaria, el sistema de corrupción incluye sobreprecios en insumos médicos, servicios y contratos, y la recaudación de dinero en efectivo por parte de funcionarios designados por La Libertad Avanza.

Las denuncias no se limitan a La Plata, sino que se extienden a otras provincias como Chaco, Santa Cruz, Misiones, La Pampa, Formosa, General Madariaga y Villa Gesell. En Chaco, la sede del PAMI fue allanada en el marco de una investigación judicial por presuntas irregularidades en la contratación de servicios y exigencias de aportes económicos a empleados. En Santa Cruz y La Pampa, se reportaron casos similares de recaudación ilegal y sobreprecios.

El escándalo ha generado repercusiones políticas, con diputadas como Margarita Stolbizer y Mónica Fein impulsando la creación de una comisión investigadora para relevar todas las denuncias existentes y citar al titular del PAMI, Esteban Leguizamo. La falta de respuesta judicial y política ha alimentado el debate sobre la transparencia y el control en organismos públicos, mientras la oposición exige explicaciones y medidas concretas.

En este contexto, el PAMI, obra social de jubilados, vuelve a estar bajo la lupa por presuntos hechos de corrupción, en un clima de desconfianza que afecta a la gestión actual y a la credibilidad de los organismos estatales. Las investigaciones continúan y se espera que en los próximos meses se definan nuevas acciones judiciales y parlamentarias para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.