La Justicia federal argentina profundizó en los últimos días una investigación por presunta corrupción que involucra a ex directivos de la empresa estatal ARSAT y del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA). El caso, que comenzó con la denuncia de un robo en depósitos de ARSAT en San Fernando, derivó en la detección de un entramado de sobornos, desvío de fondos públicos y graves irregularidades en la contratación de servicios y obras.

Según fuentes judiciales, la investigación se centra en la figura de Facundo Leal, ex titular de ARSAT y luego presidente de ORSNA, junto a otros ex funcionarios y empresarios. El fiscal federal Fernando Domínguez impulsó la causa tras constatar la sustracción de materiales por un valor de USD 151.126 y la existencia de contratos directos con Argentina Logistic Services S.A. (ALS) por casi USD 2 millones y $40 millones. "Tras dichas contrataciones públicas, existía un entramado de corrupción público-privada, estructurado con el propósito de obtener un beneficio económico en perjuicio de la empresa estatal", sostiene el expediente.

Durante los allanamientos realizados en propiedades de Leal en la ciudad de Buenos Aires y Mendoza, la Justicia halló US$2,4 millones en efectivo, drogas sintéticas, ketamina y 19 dispositivos de espionaje, lo que derivó en una causa penal adicional. "Se ordenaron medidas de prueba sobre la trazabilidad del patrimonio", informaron fuentes judiciales, y se dictaron embargos, inhibiciones de bienes y prohibición de salida del país para los acusados.

En paralelo, la fiscalía federal a cargo de Ramiro González amplió la investigación a la gestión de Leal en ORSNA, donde se denuncian coimas del 10% en la adjudicación de obras públicas a empresas constructoras. La diputada Marcela Pagano, impulsora de la denuncia, señaló que el esquema de corrupción se habría mantenido y profundizado bajo la nueva conducción del organismo.

La Justicia solicitó informes patrimoniales, legajos y antecedentes de los funcionarios implicados, así como auditorías a organismos de control como SIGEN y AGN. El caso genera preocupación por la transparencia en la administración de fondos públicos y la continuidad de prácticas irregulares en organismos estatales. Las investigaciones continúan y podrían derivar en nuevas imputaciones y medidas judiciales.